Editorial

Subsidios mal diseñados son bomba de tiempo

Archivado en:

editorial

A razón de aproximadamente Q400 millones por mes, el Ejecutivo ya se adelanta a pedir otros 30 días más de vigencia del subsidio a la gasolina regular y el diésel, debido a la persistencia de la tendencia alcista de dichos combustibles; el problema es que los recursos del erario no son infinitos y la subvención generalizada entregada a los expendedores no constituye la mejor forma de combatir la carestía. De prolongarse la situación, el costo del aporte puede llegar a ser contraproducente y tarde o temprano se agotarán los recursos, con lo cual vendría un efecto de rebote que causaría más conflictividad que la crisis en sí misma.

Después de semanas de vigencia de este gasto, se comienza a evaluar la compra “en bloque”, como una vía para lograr mejores precios en el mercado internacional, pero para lo cual, curiosamente, se necesita una voluminosa dotación de fondos. Si bien todos los ciudadanos tienen derecho y necesidad de movilizarse en su vehículo, no todos los desplazamientos tienen la misma prioridad. No es igual usar la subvención para hacer sostenible el funcionamiento de ambulancias, patrullas policiales o transporte de alimentos que otorgarlo por galón de forma generalizada, incluso para fines de diversión u ocio.

Con cada día que pasa se comprueba el pésimo planteamiento estratégico de la llamada Ley de Apoyo Social a los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular, primero porque otorga un subsidio que solo favorece a quienes poseen vehículo, pero es pagado con los impuestos de todos los ciudadanos; segundo, porque no existe un mecanismo para exhibir cuentadancia de estos recursos, y tercero porque bien pudo utilizarse un descuento en el impuesto a los combustibles, que en efecto sí atañe solo a los usuarios de este recurso.

Ya se sabe que los controles de precios únicamente generan escasez y acaparamiento; sin embargo, es notoria la discrepancia de precios entre expendios, incluso aquellos de un mismo sello importador. A la fecha no se ha escuchado de una sanción ejemplar por parte del Ministerio de Energía y Minas a quienes especulen maliciosamente con los precios para hacer dinero a costa de la penuria: pueden hacerlo porque conocen los costos y pueden deducir los rangos que rebasen cierto porcentaje.

Por otra parte, la reciente y anodina visita del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se pudo aprovechar mucho más que para condecorarlo o escucharlo decir lo que ya se sabe sobre la necesidad de fomentar desarrollo como freno a la migración. Se pudo solicitar el traslado de contingentes de combustibles mexicanos a precios favorables, con los debidos aranceles mínimos para poder contar con un suministro emergente. De todos modos, los contrabandistas aprovechan los precios del país vecino para venderlo ilegalmente en carreteras del suroccidente. Pero a nadie se le ocurrió aprovechar el tiempo más que para las adulaciones.

No basta con solo pedir más fondos millonarios para alargar un subsidio que no ha frenado las cifras de los rótulos en gasolineras. Tampoco basta con que exista un MEM burocrático que solo se lave las manos con más gasolina, diciendo obviedades como que se trata de un problema global. Y llegará el momento en que no baste el erario, al cual repentinamente le surgen bolsones voluminosos que no existían para atender la crisis de medicinas, la reconstrucción acelerada de escuelas o la extendida atención al desafío alimentario. El subsidio generalizado no es una solución porque al terminarse generalizará el problema.