A seis meses de que concluya el actual gobierno se emprende finalmente el proyecto de ampliar a cuatro carriles el tramo entre Escuintla y la frontera con El Salvador, una obra que costará Q317 millones, repartidos entre cuatro empresas ejecutoras. El desarrollo de los trabajos será una prueba de fuego para verificar la correcta adjudicación y ejecución, a través de una supervisión constante pero también lo será la vida útil que tenga la ruta reconstruida.

Se trata de un proyecto largamente esperado por viajeros y sectores productivos, cuyo mayor valladar fue el fraude de la constructora Odebrecht, de ingrato desempeño, que lo dejó abandonado tras un cambio en el contrato que encarecía el costo por kilómetro y sobre el cual pesaba la sombra de haber sido negociado supuestamente por el aún prófugo exministro Alejandro Sinibaldi en conexión con el expresidenciable Manuel Baldizón, detenido en EE. UU.

La importancia estratégica de esta ruta es innegable, toda vez que El Salvador es el principal socio comercial de Guatemala a nivel de la región, no solo por el comercio de productos agrícolas y manufacturados, sino porque existen grupos corporativos que mantienen operaciones en ambos territorios, por razones de estrategia competitiva. Guatemala le vendió en 2018 a El Salvador US$1 mil 224 millones, mientras que las importaciones fueron por US$994 millones, con lo cual existe una balanza comercial positiva, que no solo puede ser incrementada, sino agilizada mediante un tránsito eficiente de mercancías.

Una CA-2 Oriente ampliada será de beneficio no solo para empresas grandes, sino también para pequeños y medianos productores, puesto que este sector despachó de enero a noviembre de 2018 más de US$58 millones en frutas y verduras hacia el vecino país. Muchos de esos productos se cultivan en el occidente guatemalteco y son comercializados a través de la carretera sur, cuyo tramo de Escuintla a México tiene algunas partes recapeadas, pero continúa inconcluso. El turismo hacia el suroriente de Guatemala se verá beneficiado por una vía ampliada, siempre y cuando se vele porque sea un tramo de calidad, que evite daños a los vehículos y abra nuevos destinos, tanto en la bocacosta como en las playas de la región.

Es necesario que la Contraloría General de Cuentas practique una auditoría constante sobre el desarrollo de los trabajos contra los desembolsos que se hayan pactado, a fin de asegurar que el trabajo tenga la calidad necesaria en cuanto a duración y seguridad. En estos criterios entra la calidad de la mezcla asfáltica, el espesor de la capa de pavimento, la correcta ejecución de camellones y drenajes pluviales, así como el diseño adecuado de los peraltes.

La ejecución de obra pública ha sido el talón de Aquiles de varias administraciones, debido al natural escrutinio que rodea las adjudicaciones, la tardanza en los trabajos y el deterioro que presentan numerosas vías al poco tiempo de uso. Es de esperar que las duras lecciones que ha dejado la historia se puedan aprovechar, a fin de ejecutar un proyecto que conlleve soluciones y no problemas, sobre todo porque en el área de Escuintla se concentra una fuerte actividad económica y zonas francas con conexión al puerto Quetzal, pero también hacia las fronteras. Por otra parte, el desarrollo del proyecto proveerá plazas laborales directas e indirectas que deberán tener un impacto positivo en las comunidades aledañas.