EDITORIAL

Todo el país paga ineficiencia estatal

Si para una cuestión vital para los guatemaltecos como la adquisición de dosis de la vacuna anticovid el gobierno exhibe rezago en la asignación de presupuesto, qué se puede esperar de otros rubros, también importantes, urgentes y estratégicos, como la mejora efectiva de tramos viales, la inversión en tecnología para potenciar la educación pública en línea o la ayuda a las comunidades afectadas por los desastres climáticos.

Al parecer fue más urgente la reubicación forzosa de allegados de la planilla del desaparecido Centro de Gobierno y que ahora estarán en las de otras dependencias, sin que a la fecha se sepa nada de su rendimiento y resultados. O quizá la mayor urgencia del momento sea confeccionar el informe del primer año de Gobierno, que no solo debería dar a conocer lo que se consideren logros, sino también explicar las causas por las cuales no se alcanzaron los objetivos anunciados en áreas prioritarias.

El Ministerio de Comunicaciones, que en el ya archivado Presupuesto 2021 tenía una asignación cercana a los Q10 mil millones, solo logró ejecutar en 2020 el 70% de los fondos disponibles a pesar de que sobran los tramos viales necesitados de mejora, comenzando por el cuello de botella en el cruce de Santa Lucía Cotzumalguapa, cerca del hospital covid, donde solo falta un tramo de 300 metros que nadie se ha dignado concluir. El Ministerio de Agricultura no pudo distribuir cerca de Q200 millones destinados al apoyo de campesinos, y la cartera de Salud tampoco llegó a utilizar Q1,400 millones destinados a la atención y combate de la pandemia, por cierto un monto cercano a los Q1,500 millones en que se estimó el costo de la compra de dosis de inmunización, cuya fuente de financiamiento todavía se está buscando.

El propio vicepresidente de la República ha vuelto a manifestar su perplejidad y descontento ante la continuidad de ciertas decisiones unilaterales y repentinas, pese a que en diciembre, supuestamente, existía un acuerdo con el mandatario acerca de propiciar un mejor consenso y coordinación, tanto en el manejo de la pandemia como en el proceso de reconstrucción, aún difuso y sin un plan estructurado. En todo caso, el vicepresidente Castillo debe buscar vías para volver a hacerse escuchar a lo interno del gabinete.

Mientras tanto, en el Congreso de la República prevalece la modorra decembrina y no existe hasta ahora una sola señal de agenda consolidada para arrancar el año con una renovación de propósitos y prioridades. Así como por parte del Ejecutivo no hay señales claras de ejecutorias, en el Parlamento no se observan signos de que vayan a legislar en temas relevantes. Sigue pendiente todo el paquete de leyes relacionadas con la reactivación y competitividad. También está en espera la autorización del plan de renovación de la autopista a Puerto Quetzal mediante una alianza público privada. Ni qué decir de las reformas a la Ley Electoral, la formulación de una nueva Ley de Servicio Civil o la continuación de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones.

Los guatemaltecos madrugaron el lunes para arrancar el 2021 con toda convicción y entusiasmo, sabedores de que son ellos quienes labran el futuro de sus familias. Las empresas retomaron su actividad con renovadas esperanzas y proyectos, a fin de potenciar un crecimiento que también representa tributos para el Estado. Sin embargo, falta que ese Estado, a través de sus autoridades, se comprometa a trazar un rumbo, a dejarse de minucias clientelares y proceda a presentar resultados, en lugar de esgrimir excusas o endosar culpas.

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