Un socavamiento en el kilómetro 75 de la ruta CA-9 Sur, en tramo próximo a Siquinalá, Escuintla, causó un colosal embotellamiento el fin de semana pasado, debido a que se redujo el paso de cuatro a dos carriles, por la poca coordinación inicial de la Policía Nacional Civil y del Servicio de Protección Vial (Provial) y la falta de cualquier vía alterna, un mal endémico que complica otros tramos carreteros en problemas. Lo más irrisorio es que dos carriles de dicho tramo estaban en reparación hace cinco meses y fueron otros dos los que se hundieron hace dos semanas, al parecer por causas hidráulicas. Unos cuatro kilómetros antes, en la aldea El Aceituno, hay otro segmento averiado, sin trabajos de reparación, que podría ser el próximo en colapsar, si no se le atiende de inmediato.

En la carretera entre Taxisco y Chiquimulilla se reportó otro socavón, causado por un río cuya tubería subterránea ya no existe. El asfalto prácticamente está en el aire y ello amenaza con cortar esa vía, sobre la cual transita buena parte del transporte de mercancías entre Guatemala, El Salvador y México. Se trata del mismo tipo de desastre que mantiene hoy cortado el paso en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico, en Villa Nueva. Pudo ser prevenido, pero la pésima, por no decir inexistente, supervisión del Ministerio de Comunicaciones deja estos problemas al tiempo.

La desgracia vial del país no es nueva, marcada por sucesivos escándalos de corrupción, ineptitud ministerial y la impunidad que acicatea la mediocridad dolosa. Vale mencionar los derrumbes del libramiento de Chimaltenango, que prosiguen este año al igual que han ocurrido desde el 2019, año en que el presidente Jimmy Morales fue a “supervisar” el proyecto, por el cual fue encomiado por su ministro José Benito.

Se necesita de una ley de infraestructura vial, que no termina de avanzar en el Congreso, debido a que con ella se terminarían los subterfugios para la coima, la componenda y el amaño de asignaciones. Se necesita de un plan de Estado para la construcción de un anillo regional, que potencie la eficiencia del transporte, abra vías alternas y genere nuevos polos de desarrollo económico. Pero si ni siquiera las rutas existentes tienen una mediana supervisión, muy poca visión se puede esperar de la burocracia.

El propio mandatario actual, Alejandro Giammattei Falla, se adelantó a anunciar, apenas cuatro días después de haber asumido el cargo, que cambiaría la donación de Taiwán, que ya había ofrecido continuar otro tramo de la ruta al Atlántico, entre El Rancho y Mayuelas, por la construcción de un centro asistencial equiparable al Roosevelt. Ya se llevaría un buen avance, de haberse continuado. Eran hasta US$600 millones los que la República de China iba a aportar, pero los trocó por la construcción del hospital de Chimaltenango, que costó US$30 millones, sin contar con equipo, que fue lo que originó la estafa por Q63 millones de equipo sobrevaluado e incluso reciclado del hospital covid del Parque de la Industria.

Ahora se anuncia un préstamo de US$125 millones, financiado por contrapartes extranjeras, para un proyecto que urgía y sigue urgiendo para impulsar el desarrollo económico, la competitividad, la generación de empleos y toda la cháchara repetida en campañas electorales. Entretanto, el ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, sigue en su cargo, sin acudir a citaciones legislativas y sin ser interpelado, gracias al blindaje de la bancada oficialista que rompe el quorum cuando se acerca ese punto en la agenda de plenarias.