Después de haber sido pospuesto en dos ocasiones por motivos que nunca se aclararon, el Gobierno finalmente derogó el acuerdo gubernativo 17-2020, que establecía la contratación de un seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga, el cual estaba previsto para entrar en vigor el 20 de agosto de 2022. El ejecutivo argumenta, después de dos años, que la tabla de valores para indemnización por daños, lesiones o muerte no tiene “sustento técnico”.

Algo similar ha sucedido con la instalación de dispositivos electrónicos para regular la velocidad de desplazamiento de autobuses y vehículos pesados, a fin de reducir la siniestralidad. En el caso del transporte extraurbano, es patente la cantidad de percances mortales protagonizados por pilotos que corren por pasaje, conducen mientras usan el celular o se encuentran al volante bajo efectos de licor o drogas. No se puede ni debe generalizar, pero los testimonios de pasajeros lesionados suelen coincidir al señalar conductas imprudentes.

Se trata de una traición gubernamental porque en lugar de la derogatoria lo procedente era plantear una iniciativa de reforma y fortalecimiento. Con esta decisión, la administración Giammattei Falla demuestra que es solo una más de varias que han rehuido la protección de cientos, miles de guatemaltecos que a diario utilizan medios de transporte colectivo. Protestas de autobuseros y de taxistas se produjeron a raíz de dicho decreto. El gobierno de Vamos envía un pésimo mensaje al ceder a ese tipo de presiones que van contra la razón y únicamente protegen intereses sectarios pero deja prácticamente inermes a los usuarios.

En Prensa Libre hemos publicado múltiples historias de pasajeros que perdieron una pierna, una mano o la capacidad de caminar a causa de una colisión de transporte público. Niños han quedado huérfanos y decenas de ciudadanos han perdido la vida a manos de conductores irresponsables que simplemente se dan a la fuga. En no pocos casos los propietarios aducen no tener control sobre la adjudicación de los vehículos, aunque en todo caso obtienen un rédito económico.

El consentimiento gubernamental a esta derogatoria es un acicate para más irresponsabilidades. La obligación de pagar un seguro conllevaba una mejor capacitación de pilotos e implicaba la necesidad de observar una conducta civilizada al desplazarse por carreteras. Sin embargo, se prefirió atender a una narrativa populista y plagada de falacias, así como de amenazas, que solo beneficia a cierto grupo de transportistas que gusta de tener ganancias, mas no obligaciones.

Es necesario aclarar que sí hay empresas de transporte que cuentan con seguros de vida y daños a terceros, que sí cumplen con sus obligaciones tributarias y sí demandan estándares de conducta a sus empleados. Estas compañías sufren la competencia desleal de personas o grupúsculos que solo buscan obtener ingreso a costa de lo que sea. En todo caso, los posibles errores de cálculos en montos eran susceptibles de ser corregidos, ampliados y actualizados. Esgrimir defectos del decreto como excusa para eliminarlo
—sin propuesta sustituta— únicamente acrecentará el riesgo de viajar por carretera. Si este despropósito fue un error o un acto irresponsable de algún empleado intermedio, debe ser corregido de inmediato. Si no se enmienda a la brevedad posible, entonces será indicio del desinterés del gobierno por las vidas de los guatemaltecos a los que pidió el voto.