Si acrónimos de ciertos partidos políticos suenan reincidentes en polémicas legislativas es porque lo son. Las mismas bancadas del pacto oficialista han apoyado necedades como la iniciativa 6076, de represión policial, o el decreto 19-2022, de combate a ciberdelitos que contenía cláusulas inconstitucionales de censura. Mientras distraían con el envío de la primera a “archivo”, aprobaban en primera lectura la 6120, cuyo fin es obvio y preocupante: busca excluir a la Contraloría General de Cuentas —el ente institucional a cargo de verificar la correcta ejecución de fondos públicos— de la fiscalización del uso de Q11 mil millones inicialmente destinados a la pandemia y reasignados a otros usos.

Los diputados Shirley Rivera, presidenta del Congreso, y Carlos Roberto Calderón, jefe de bancada de Vamos, encabezaron el dictamen de este despropósito legal, institucional y ético, que cuenta con el apoyo de congresistas de la UCN, la UNE, Viva, Todos, Valor y FCN-Nación. Plantear esto puede ser un exceso de confianza en la aplanadora que solía funcionar en tiempos mejores, pero también puede obedecer a un creciente temor a los agujeros que surjan en las auditorías de ejecución del botín trasladado a obras viales, subsidios y otros rubros.

En la anomia que domina a los grupos políticos, ciertos precandidatos y dirigentes podrían intentar, como se dice popularmente, “zafar bulto” de las acciones de sus diputados. Sin embargo, nadie lo ha hecho hasta ahora, en ninguno de los escandalosos decretos previos, y eso ya es elocuente. Es contradictorio que ya existan vallas de invitación a la afiliación en las cuales tácitamente se ofrece lucha contra la corrupción o valores para gobernar, lo cual se contradice con el dictamen o votación en primera lectura a favor de la 6120.

La potestad constitucional de fiscalización que poseen los legisladores es una obligación irrenunciable y, por ende, tampoco pueden forzar la inhabilitación casuística de la CGC en la tarea de revisar la utilización de recursos públicos, pagados o adeudados por los guatemaltecos. Esta iniciativa es denominada Ley de Respuesta y Supervisión Financiera para los Fondos Covid, un nombre eufemístico, al igual que sus infaustas predecesoras ya desechadas bajo la presión de la ciudadanía. En realidad, debería llamarse algo así como “ley para permitir el uso clientelar de fondos públicos sin responder ante la ciudadanía”, aunque en tal caso quedaría totalmente al descubierto su opaco fin.

Si no hay nada impropio, si no existe nada inconfesable, si la ejecución de tan enorme fondo público es correcta, eficiente y transparente, no existen razones prácticas para tratar de esconder su fiscalización. Lamentablemente para el país, existen indicios de posibles finalidades electoreras, de asignaciones amañadas, de obras duplicadas o inexistentes, de nexos entre contratistas-financistas y diputados —que en varios casos son lo mismo—. Quizá, como se mencionaba al principio, existe el temor de que la CGC no emita los finiquitos necesarios para inscribir candidaturas el próximo año por el surgimiento de reparos voluminosos e injustificables.

Es allí a donde apunta la brújula del sentido común. A pesar de los engaños y desencantos, los guatemaltecos no nacieron ayer, y las lecciones de la última década han sido duras, repetidas y onerosas. Querer poner a la Superintendencia de Bancos como contralor de Q11 mil millones es una rotunda estolidez, porque su función es otra y porque para ello existe la CGC. Esta última entidad debería pronunciarse, de oficio, para que la ciudadanía sepa que no avala el más reciente despropósito del oficialismo y adláteres.