EDITORIAL
Transición de gobierno debe ser ética e integral
El anuncio del presidente Alejandro Giammattei acerca de la aceptación de la metodología propuesta por el mandatario electo, Bernardo Arévalo, constituye una oportunidad política para emprender una sinergia de trabajo entre ambos equipos. Sin menoscabar la autoridad y la responsabilidad de los funcionarios titulares, sería deseable que tal aquiescencia se concrete en una labor colaborativa, en la cual se demarquen prioridades y posibles cambios de enfoque. No será sencillo, pues existen claras diferencias e incluso críticas previas. Ambos equipos deben confluir en una sola certeza: trabajan para Guatemala y no para sí mismos.
Arévalo suspendió su participación en la transición, el 12 de septiembre último, debido al asedio del Ministerio Público en contra de su partido, el proceso electoral y el Tribunal Supremo Electoral, lo cual incluyó el innecesario procedimiento de abrir ciertas cajas de sufragios. Dada la declarada amistad de la fiscal general con el presidente Giammattei, se pudo haber supuesto de un discurso aquiescente por un lado, pero que no cuestionaba el acecho jurídico. Quizá es simple coincidencia, pero ayer que el gobernante anunciaba la continuidad del traspaso de mando, también el MP emprendía otra acción de antejuicio contra el TSE y las elecciones.
En todo caso, el binomio electo y su gabinete tienen ahora una oportunidad para ganar tiempo, escenario y peso político de cara al próximo 14 de enero. La entrega de informes de ministerios y secretarías debe emprenderse con espíritu profesional y alto sentido ético, a fin de evitar roces estériles o indeseables filtraciones. Muchos de esos datos cualitativos o cuantitativos quizá no serán totalmente nuevos, pero sí tendrán contexto y proyección.
Los apuros nacionales en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana y transparencia en el uso del erario también deberían ser motivo para otra transición: la del Organismo Legislativo. Si bien el oficialismo mantendrá una gran fuerza en la siguiente legislatura, no tendrá el Gobierno Central, y esa circunstancia marcará muchas diferencias en dinámicas actuales. Las necesidades están allí y se necesita configurar un presupuesto de ingresos y egresos que sea funcional, comedido y, en la medida de lo posible, consensuado con el futuro partido oficial, cuya suspensión aún no está en definitiva, debido a polémicas judiciales y a que solo el TSE tiene la última palabra en esa materia.
Esta transición puede ser una oportunidad de exhibir madurez de parte de quienes integran la legislatura saliente. El haber tenido poder en el Ejecutivo y el Congreso por tres años y medio no dio la capacidad —o la voluntad— de actuar con la vista puesta en la ciudadanía. Tantas leyes importantes sin aprobar, tantas plenarias desperdiciadas por inasistencia y tantos días sin trabajar exhiben que el poder concentrado solo acicatea veleidades y prepotencias. Lo correcto sería encontrar puntos medios y prioridades discursivas, cantadas por tantos partidos en campaña, para crear una agenda seria de servicio público.
El actual gobierno pide la lista de los futuros ministros para continuar la entrega de información. Es posible que el gabinete entrante aún no esté configurado en su totalidad o que por estrategia no se quiera develar a los titulares de los cargos, ya sea para evitar polémicas o que se conviertan en dianas de acoso judicial. Pero esas exigencias, decisiones y temporalidades deberían dirimirse pronto entre el mandatario saliente y el electo.