Estados Unidos
Editorial
Tres años y medio preso sin sentencia
A la larga, el caso Zamora no solo se refiere a la libertad de prensa, sino al derecho de un debido proceso.
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El periodista Jose Rubén Zamora prácticamente cumplió una sentencia de prisión por supuestos delitos que el Ministerio Público (MP), encabezado por Consuelo Porras, ha sido incapaz de demostrar en tribunales. Ya el juez Érick García le había enmendado parcialmente la plana a la Fiscalía cuando otorgó medida sustitutiva a Zamora, tras 800 días detenido sin sentencia, el 18 de octubre de 2024. El MP apeló la resolución ante la Sala Segunda, que ordenó su retorno a la prisión de Mariscal Zavala, en marzo de 2025. Así llegó mil 295 días preso y sin condena.
Apenas el 3 de febrero último, en la Cámara de Amparos y Antejuicios, hubo una audiencia en la cual la defensa del periodista solicitó su excarcelación. Inexplicablemente, no se presentó la Fiscalía, lo cual podría denotar desatención al caso o una posible treta dilatoria. Se les esperó durante una hora, y finalmente se expusieron los argumentos de defensa, de los cuales el principal es el exagerado tiempo de “prisión preventiva” sin que el caso avance. Valga señalar que, pese al sentido elemental de defensa de derechos contra abusos del Estado que tiene el recurso de amparo, la cámara del ramo aún no resuelve. ¿No tendrá capacidad para decidir? ¿O estará esperando alguna otra señal?
La noche del jueves 12 de febrero, Zamora salió de Mariscal Zavala con medida sustitutiva otorgada por el juez Maximino Morales, por otro caso, de supuesta obstrucción, el cual todavía no va a juicio, pues aún está en “investigación, pero cuya potencial pena de cárcel ya fue superada. Fue lo que el juez evaluó para otorgar detención domiciliaria con obligación de acudir a firmar y tener identificación biométrica cada 15 días. En otras palabras: más allá de la culpabilidad o prevalente inocencia del acusado, el tiempo de la preventiva es desproporcionado.
Múltiples sectores nacionales e internacionales, incluida la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han coincidido en señalar esta excarcelación como un paso necesario, pero insuficiente. Los procesos judiciales contra Zamora, llenos de dilaciones y nuevas acusaciones, son vistos como una demostración de los extremos a los que llega la intolerancia a la libre expresión, pues este caso surgió en julio de 2022, después de una publicación en el extinto elPeriódico, con críticas al gobierno de Alejandro Giammattei Falla —quien reeligió a Porras en mayo de aquel año—.
Por cierto, el 30 de enero último, la fiscal general, quien ahora está a 89 días de finalizar su período, denunció a Zamora por supuesta discriminación, a lo cual el comunicador dijo que nunca la ha conocido personalmente y que solo se ha referido a ella en su calidad de funcionaria. Y el artículo 35 constitucional es claro al señalar: “No constituye delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos”.
Más de 40 meses de proceso y “pesquisas”, sin lograr que ninguno avance y menos aún una condena, exhiben deficiencias en las fiscalías a cargo. ¿Cuántas personas más no habrá en las prisiones en situaciones similares? Porque, a la larga, el caso Zamora no solo se refiere a la libertad de prensa, sino al derecho de un debido proceso. El periodista señaló en varias ocasiones haber sufrido situaciones de torturas psicológica y física, como la infiltración de insectos en su celda. No se ve acción de ningún comisionado —esos que suelen presentar informes a favor de violentos pandilleros— y menos aun al procurador de los Derechos Humanos. Cualquier otro intento de regresar a Zamora a prisión solo denotará encono y discrecionalidad por parte de quien lo promueva o permita.
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