Estados Unidos
editorial
Treta populista versus sostenibilidad municipal
La contradicción existe cuando se promueve una medida aparentemente favorable, pero que pone en apuros la institucionalidad local.
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Es evidente que muchos diputados y bancadas están en ávido exhibicionismo de apariencias, en un circo de alardeos demagógicos amaestrados, en un show de trucos clientelares sacados de la manga. Pero entre tanto espectáculo se están convirtiendo en trapecistas sin red. Un ejemplo del afán populista son algunas propuestas tendientes a condonar multas o a reducir e incluso eliminar el cobro del impuesto único sobre inmuebles (IUSI), a cargo de las municipalidades, las cuales reciben el 70% de esa recaudación para financiar su funcionamiento.
Los manidos discursos apuntan a falacia de falso dilema —“o apoyan esto o están contra el pueblo”—. Es decir, se busca anular posturas críticas y forzar el apoyo de otras bancadas para después utilizar el asunto con fines propagandísticos, ya sea que se apruebe o no. En efecto, la reducción o eliminación de un impuesto es una narrativa aparentemente atractiva, pero si no contempla criterios técnicos o planes integrales, encierra riesgos para las finanzas ediles.
Cabe recordar que el IUSI surgió en 1995 y se convirtió en un recurso económico dedicado a fortalecer a la autonomía municipal. Si bien existe un situado constitucional, dejar todos los ingresos ediles a merced de cada gobierno de turno constituye una apuesta que puede salir cara. Antes de su creación, las comunas dependían casi exclusivamente de arbitrios y tasas por servicios específicos, que resultaban insuficientes. En todo caso, habría que analizar qué intereses se mueven detrás de los ponentes, sus nexos con proyectos o con ciertos financistas que podrían verse beneficiados con una medida semejante. Es allí donde se necesita tener el punto de vista de los 340 alcaldes, quienes se verían impactados por una reducción o remoción del citado tributo.
Reza un dicho popular: “Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”. Sobre todo si tan gamonal ofrecimiento viene de algunos de los que avalaron, recibieron y se beneficiaron con el abusivo autoaumento salarial legislativo, el bolsón de gasto clientelar sin candados de transparencia o el presupuesto con mayor déficit de la historia. Es falsa la dicotomía que esgrimen entender ciertos politiqueros, al señalar que quien cuestione la propuesta está ignorando las necesidades de la población. En realidad, el debate debería centrarse en cómo mejorar el uso de los recursos públicos en su totalidad.
El IUSI es un impuesto acorde a estándares internacionales que contribuye a dar certeza a la propiedad, evitar la especulación y de cierta forma incorpora un principio de equidad fiscal. Quien posee más inmuebles, paga más. Esta lógica, lejos de ser punitiva, busca distribuir de manera proporcional la carga del sostenimiento de las administraciones ediles. Claro, aparte es la calidad de servicios que brinda una municipalidad, pero eso ya es cuestión de los vecinos, quienes deben exigir resultados a sus alcaldes, y si ni así responden, cambiarlos en el siguiente proceso electoral.
La contradicción existe, sí, cuando se promueve una medida aparentemente favorable, pero que pone en apuros la institucionalidad local. Y si la alternativa que plantean los mercachifles es asignar más fondos en el presupuesto, ¿en dónde está la novedad? En todo caso, las comunas a cargo de alcaldes aliados a tales podrían emprender condonaciones a mora de IUSI o reducción total de multas. El verdadero dilema, elocuente y coherente, de los diputados actuales debería ser: ¿apoyaría yo una propuesta de reducción del autoaumento o solo estoy aparentando una bonhomía que no poseo?
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