Sobre el actual Tribunal Supremo Electoral gravita la sombra de posibles deudas políticas con los partidos que avalaron en el Congreso la elección de sus actuales integrantes. No todos ellos contaban con las mejores calificaciones de la nómina elaborada por la comisión postuladora, y aun así accedieron a las magistraturas que rigen los mecanismos democráticos del país.

Dentro de los síntomas de este tácito compromiso figura el hecho de que se trató de una elección a puerta cerrada, aprovechando la conmoción social causada por el anuncio de medidas que limitaban la locomoción, dos días antes. Ciertamente, el plazo del anterior TSE vencía en solo dos días, pero no se permitió el ingreso de la prensa al hemiciclo, invocando medidas sanitarias. Se procedió a la votación, con una inusual asistencia de 150 diputados, algunos de los cuales pertenecen a bancadas de organizaciones que estaban en proceso de cancelación.

Por otra parte, algunos magistrados electos tienen vínculos con antiguos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, fueron candidatos o pertenecieron al gobierno anterior, cuyo partido, FCN-Nación, figura en la lista de sancionados. En otras palabras, había indicios para temer posibles conflictos de interés, pero prevalecieron pactos legislativos.

El 24 de marzo, con la excusa de no tener conocimiento previo de los procesos contra partidos, el recién electo TSE declaró en suspenso las sanciones impuestas por sus predecesores por irregularidades como la falta de entrega de informes financieros o la omisión de reportes de donaciones, lo cual pone en duda su origen, que incluso podría estar ligado a corrupción, narcotráfico o mafias.

Más de un semestre después, tras la prolongada pausa por la pandemia, el TSE retoma las actividades y continúa los procesos contra partidos. A pesar de ese atraso, ahora les otorga un plazo de casi dos meses para que presenten pruebas de descargo. Se trata de un lapso excesivo, pues todo partido debe tener al día sus cuentas y registros. Además, se trata de señalamientos de la elección antepasada, por lo cual han tenido tiempo suficiente para reportarlos.

En todo caso, por respeto a la institucionalidad, es lo dispuesto por la autoridad electoral y debe acatarse, aunque, eso sí, deben ser pruebas fehacientes, digitalmente rastreables y no fabricaciones o parches para crear excusas salvadoras. Si bien será el propio TSE el que revise los supuestos descargos, debe divulgarse toda la documentación, porque se trata de información pública, dada la naturaleza de los partidos.

Es importante que tanto magistrados titulares como suplentes se desliguen de cualquier sospecha de simpatía, avenencia o compromiso previo. Durante las etapas de entrevistas a los aspirantes, desarrolladas por diputados antes de la elección, fue obvio y desfachatado el interés por evadir los castigos hacia sus respectivos grupos políticos por transgresiones flagrantes.

No vale la pena, para un magistrado, correr el riesgo de quedar en evidencia por un posible favoritismo. Si el tema presenta conflictos de interés por involucrar a cualquier partido afín, debe abstenerse de participar. La democracia representativa se encuentra en franco desgaste a ojos de la ciudadanía, y solo una aplicación recta de la ley electoral puede devolver la fortaleza a la institucionalidad, tan temida por los demagogos y los politiqueros.