La nueva petición del Ministerio Público para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cancele en definitiva al partido Unión del Cambio Nacional, fundado por el triple excandidato Mario Estrada, actualmente preso en EE. UU. y quien en octubre de 2019 se declaró culpable de cargos por conspiración para trasegar drogas hacia ese país, se suma a otra solicitud similar que se encuentra varada a causa de un amparo presentado en la Corte de Constitucionalidad (CC). Al menos esa es la justificación que dio el presidente del TSE, Mynor Custodio, acerca del atraso para suprimir dicha organización por varios delitos electorales.

Sin embargo, esa excusa no explica la parsimonia para dictar la supresión de otras cinco agrupaciones políticas que incurrieron en ilícitos electorales y a las cuales se les otorgó un plazo, que fenecía el 30 de noviembre, para presentar cualquier prueba de descargo. De hecho, el tiempo extra fue mucho más largo, debido a que los actuales magistrados declararon en pausa todos los procesos de cancelación en marzo y la dilación se prolongó a causa de las suspensiones por la pandemia.

En cuanto a la UCN, el pedido de cancelación obedece a la falta de justificación de la proveniencia y documentación de respaldo para el gasto de Q15 millones en campaña, así como el uso de recursos no reportados en la primera vuelta de las elecciones del 2015. Es necesario destacar que esa bancada fue un aliado incondicional del anterior partido de gobierno, FCN-Nación, y también lo ha sido del actual. En todo caso, la CC, como máximo tribunal del país, debe respetar y permitir el ejercicio ágil de las atribuciones del TSE como autoridad superior en materia electoral.

Los integrantes titulares y suplentes del TSE deben tomar muy en serio el compromiso que adquirieron con la ciudadanía al postularse para esos cargos. Su misión es proteger el sistema democrático y garantizar que los partidos cumplan con todas sus obligaciones legales, a fin de evitar que se conviertan en plataformas electoreras o en aparatos de tráfico de influencias y favores, como en efecto ha sucedido con organizaciones ya desaparecidas como los partidos Patriota y Líder, algunos de cuyos integrantes están presos o han encontrado la forma de mutar hacia otras banderas políticas.

Las circunstancias políticas demandan celeridad y severidad en las acciones del TSE para disipar las dudas de conflicto de interés que puedan pesar sobre su gestión, sobre todo si se toma en cuenta que entre los miembros del pleno figuran exfuncionarios, excandidatos y exmagistrados de cortes. Pero eso no basta para demostrar su compromiso con la ciudadanía, deben agilizar la presentación de la nueva generación de reformas a la Ley Electoral que permitan mayores sanciones para cualquier transgresión.

Ya comienzan a pulular en el ambiente discursos de funcionarios y particulares que tienen todo el tinte de promoción personal de cara a futuros comicios. La libertad de expresión es un derecho plasmado en la Constitución, pero la exhibición recurrente en eventos, redes sociales e inauguración de obras tiene obviamente fines propagandísticos. En el interior del país hay eventos benéficos y lúdicos organizados por posibles aspirantes a alcaldías. Si el TSE no se pone firme, dejará crecer un problema que puede acarrear una creciente infiltración de dinero de dudosa proveniencia, como lo señalado a la UCN.