Estados Unidos
Editorial
TSE sirve a la ciudadanía y no a los partidos
La Ley Electoral es clara y debe advertirse cuanto antes sobre las transgresiones, para evitar reclamos de “exclusión”
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Tonos pontificadores y ciertas expresiones de velado soslayo se escucharon de ciertos representantes de partidos políticos en la reunión del pleno del TSE en la cual se anunció el calendario preliminar para los comicios generales del 2027. Las organizaciones están clamando claridad y certeza en los procedimientos y el propio TSE debe dárselos, comenzando por exigir respeto a las decisiones colegiadas y apercibir sobre las consecuencias de las contravenciones a la Ley Electoral vigente, léase la virtual campaña anticipada.
En toda gestión institucional es imposible quedar bien con todo mundo, peor aún en el polarizante universo partidista, que por su propia naturaleza padece de miopías, estrabismos y hasta de súbitas cegueras cuando les conviene. Los partidos políticos reclaman derechos y facilidades para inscribir candidatos, pero obviaron la declaración verbal de compromiso con las obligaciones y requisitos. Es absurdo que invoquen pretéritas “exclusiones” como falaz argumento para exigir, a priori, que se inscriba a todo candidato. Sí, elegir y ser electo es un derecho ciudadano, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y las normas que —por si no lo saben— tácitamente aceptaron desde el momento en que se constituyeron como comités proformación de partidos. La declaración de compromiso sería un gesto de buena fe, pero quizá es mucho pedir.
“Haceos de miel, y os comerán las moscas” reza un viejo refrán español acerca de los riesgos de la excesiva aquiescencia de una persona, máxime si se trata de una autoridad. Está muy bien que el TSE abra el foro para escuchar las peticiones y requerimientos de la treintena de grupos que planean participar en el próximo proceso, pero que no se confundan los papeles, o ya que hablamos de refranes, que los pájaros no le tiren a las escopetas.
Entre las preocupaciones partidarias planteadas está la adquisición e implementación del sistema informático que se utilizará para las inscripciones de candidatos a alcaldías, diputaciones y presidencia de la República: el cual debe ser eficiente, funcional y, sobre todo, a prueba de intrusiones digitales. Tales características son esenciales no solo para los partidos, sino, sobre todo, para la ciudadanía. Esta adquisición debe efectuarse a través de una licitación oportuna.
Pero la función del TSE no es solo inscribir perfiles, sino auditar las finanzas partidarias, cruzar datos con la Intendencia de Verificación Especial, cribar los expedientes de aspirantes y fijar reglas claras para las sanciones por campaña anticipada. Todavía no existe ningún pronunciamiento público para el cese de la promoción de presidenciables que ya comienzan a figurar como “precandidatos”, como si eso no fuera publicidad extemporánea. La Ley Electoral es clara y debe advertirse cuanto antes sobre las transgresiones, para evitar reclamos de “exclusión”.
Parte de los cuestionamientos partidarios aluden a los señalamientos de supuesta sobrevaloración del sistema de transmisión de resultados preliminares (Trep) utilizado en el 2023, cuyo caso administrativo aún no concluye. Pero el señalamiento era respecto del precio, y no por su funcionamiento, que al final concordó con los datos de papel, con pocas diferencias. El asedio judicial del MP nunca logró probar la denuncia de supuesto fraude que llevó al aparatoso secuestro de actas y papeletas. Lo notorio fue el silencio de casi todos los partidos, a excepción de dos, ante tal atropello al carácter supremo del TSE. Y es que a la hora de las voracidades electoreras no hay sistema que consuele a los malos perdedores, algunos de los cuales ya corren y van de nuevo, con viejas o recién autorizadas insignias.
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