Es un desatino y un abuso de recursos públicos que hasta puede parecer una broma de mal gusto en el Día de los Inocentes. Pero no, el anuncio fue real y publicado en el diario oficial: el presidente Alejandro Giammattei adjudicó un combo inédito de seguridad policial y vehículos para todos los integrantes de su gabinete después de haber entregado los cargos el 14 de enero. Se podría entender una protección para exfuncionarios a cargo de desempeños sensibles como el combate a la delincuencia, narcotráfico y crimen organizado, pero no para todas las carteras. El supuesto temor a represalias por decisiones en los puestos, mencionado en el acuerdo gubernativo, contradice, o pone en entredicho, las afirmaciones de cumplimiento contenidas en publicidad oficial e informes de resultados.

El acuerdo gubernativo 320-2023 fue publicado ayer en el Diario de Centro América, con las firmas del mandatario saliente, el ministro de Gobernación, Byron René Bor Illescas, y la secretaria general de la Presidencia, María Consuelo Ramírez. El beneficio, a costa de recursos de los ciudadanos contribuyentes guatemaltecos, se otorga a 19 personas: todos los exministros —excepto el titular de la Defensa— y siete secretarios.

Por ley, el expresidente y exvicepresidente son los únicos que pueden contar con un dispositivo de seguridad por parte del Estado, pero para el resto de funcionarios no electos no existe una regulación legal. En todo caso, si hubiera una presunción de riesgo inminente que exija gozar de dicha protección, la misma debe tramitarse por los canales oficiales adecuados para ser evaluada y, de aprobarse la solicitud, se otorgue, pero con un criterio de igualdad de trato respecto de cualquier ciudadano que necesite de tal medida de seguridad.

La inusitada decisión coloca al gobierno entrante en la incómoda necesidad de revisar la pertinencia de destinar agentes policiales, cuyo número se multiplica o demanda una reorganización, según turnos, además de vehículos y combustible del Estado, para dicho propósito. Si han cumplido con su país y se sienten tranquilos de ser orgullosos servidores públicos no debería existir temor alguno a continuar con su desempeño profesional en sus respectivos campos, tal como lo han hecho decenas de exfuncionarios a lo largo de la era democrática y mucho antes.

Expertos en seguridad y logística señalan con acierto el alto costo que representa la formación de un agente de la Policía Nacional Civil: una inversión en alojamiento, alimentación, equipo y adiestramiento que se eroga con recursos públicos a beneficio de la ciudadanía. Se calcula que hay unos 25 agentes por cada 10 mil habitantes, por lo cual no tiene lógica que para cuidar a 19 personas se asignen de un plumazo 38, en dos turnos. En otras palabras, se trata de un activo muy importante cuya prioridad debe ser atender a la población. De los 40 mil 647 agentes policiales reportados en el 2022, solo el 55 por ciento se encuentra asignado a tareas de patrullaje de calles— unos 22 mil—, los cuales a su vez no laboran todos juntos pues hay turnos, días de descanso y vacaciones.

Y aunque es lamentable decirlo, no extraña este tipo de decisiones en un gobierno que ha destinado centenares de efectivos para rodear el Palacio Legislativo a pedido del propio oficialismo durante la aprobación de polémicos decretos y puntos de agenda, cuando esos agentes bien pudieron estar desplegados para prevenir la comisión de delitos en calles y avenidas de todo el país.