El problema no es que el Gobierno solicite extender el estado de Calamidad a causa del coronavirus, sino que esta es la sexta prórroga que se busca sin que hasta ahora hayan sido suficientes las potestades otorgadas por dicha medida de excepción para terminar siquiera de implementar, equipar y surtir de insumos y personal a todos los centros hospitalarios destinados a la atención de pacientes de la pandemia.

Apenas ha comenzado a hacerse efectivo el segundo pago del Bono Familia, una asistencia económica destinada a las personas que perdieron su empleo a causa del cierre decretado en marzo, muchas de las cuales todavía no tienen trabajo, han salido a las calles como vendedores ambulantes o incluso a pedir caridad, sin que tal programa haya cumplido oportunamente con su cometido. Ni qué decir acerca de los créditos blandos que supuestamente se iban a otorgar a micro y pequeñas empresas para ayudarles a subsistir y a mantener las plazas laborales.

Está por cumplirse un mes desde el comienzo de la reactivación económica, los guatemaltecos se suman paulatinamente a la fuerza laboral, y aunque el Banguat ya corrigió la previsión de caída productiva a -1.5, la contracción sigue siendo fuerte, de impacto prolongado y es necesaria una mayor agilidad de las autoridades a cargo de la Economía para aminorar su efecto, sobre todo en los grupos de población más vulnerables.

En el Congreso, el escenario es inestable, el balance de fuerzas aliadas al oficialismo parece sujeto de otro tipo de negociaciones, intereses y condicionamientos, incluyendo la elección de magistrados, la ya próxima discusión del Presupuesto y hasta la previsible reyerta por integrar la próxima junta directiva, por no mencionar los cuestionamientos de varios diputados acerca del manejo de recursos y de la ejecución de proyectos de emergencia. Los reclamos de opositores sobre falta de quórum y veda de la palabra en la plenaria, así como la celeridad con la cual se admitió la solicitud de prórroga, siembran dudas sobre el papel fiscalizador que el Legislativo realmente pueda ejercer sobre el Ejecutivo. Es necesario resaltar que la suspensión de ciertas restricciones para las compras es solo uno de los efectos del estado de Calamidad, que como figura de Excepción puede conllevar la suspensión de garantías ciudadanas, lo cual va perdiendo sentido en la medida que la economía se reencarrila, y este avance precisa de una certeza de continuidad.

La caída en la aprobación ciudadana a la gestión gubernamental de la pandemia es una evidencia estadística de que no solo entre congresistas hay dudas, sino entre la población. En marzo último, el 83% de encuestados consideraba bueno el manejo de la crisis. En agosto era ya solo el 46%, con lo cual se evidencia un desgaste del argumento calamitoso y la expectativa de planes de largo plazo, tanto para la revitalización de la actividad productiva como en programas asistenciales y de desarrollo.

Es probable que el Congreso logre arañar los votos necesarios para darle 30 días más de calamidad al Ejecutivo, y si así fuera, ese plazo debería destinarse a una transición funcional, para pasar de la emergencia a una nueva normalidad administrativa, dado que los efectos crónicos del covid-19 seguirán en el ambiente hasta que se logre una inmunización masiva con una aún hipotética vacuna. En otras palabras, el Gobierno también debe dejar de reaccionar a la defensiva ante las voces críticas y dejar la dependencia de un estado de Excepción, cuyo nombre indica su característica: es excepcional, no permanente.