Muy al estilo de las soluciones de ficción planteadas en una película cómica que protagonizara Jimmy Morales antes de llegar a la Presidencia resulta el acuerdo migratorio firmado por intermedio de su ministro de Gobernación el 26 de julio pasado, sin que a la fecha —148 días y contando— se haya presentado a la ciudadanía el documento total, lo cual permitiría verificar si en efecto tal convenio se enmarca dentro de las potestades del Ejecutivo o si requería ser avalado por el Congreso.

Fue el propio presidente de EE. UU., Donald Trump, quien hizo mofa de los países del Triángulo Norte tras haber afirmado durante un mitin de campaña, la noche del miércoles 18, que bastó amenazar con un corte de ayuda para que los gobiernos se vieran forzados a firmar el plan. Para congraciarse con simpatizantes —la misma noche en que el Congreso estadounidense aprobó un proceso de impeachment— afirmó que antes daban US$500 millones y que ahora dan US$5: algo muy distinto de lo dicho dos días antes, cuando recibió a un ufano Morales en la Casa Blanca, para agradecerle el convenio.

Si bien es cierta la asimetría de poder respecto de la superpotencia, hay que recordar el contexto en el cual se firmó tal plan: todavía estaban frescos los ecos de las caravanas de migrantes que pusieron al desnudo la falta de oportunidades en la región, así también hacía poco tiempo de la captura en Miami, el 17 de abril, del expresidenciable Mario Estrada acusado de narcotráfico —un cargo que confesó— y con quien el presidente Morales se reunió, acompañado de otros funcionarios de su gobierno, el 4 de abril, en la hacienda de Estrada, en Jalapa, un encuentro que estaba siendo vigilado por agentes encubiertos de EE. UU.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, consiguió el beneficio inmediato de un estatus de protección temporal para sus connacionales en EE. UU. mediante la firma de otro acuerdo migratorio; mientras, el mandatario guatemalteco declaró, durante la reunión con Trump en Washington, que había pedido cien mil visas de trabajo, con lo cual se evidencia que el convenio de marras no contiene garantías para Guatemala, pero sí encierra la posibilidad de tener que aceptar a migrantes de otros países, ya que el jueves trascendió que también se podría enviar a mexicanos solicitantes de asilo.

Ciertamente no se le puede requerir al señor Trump que se refiera con respeto a Guatemala o a cualquier Estado soberano, sobre todo si está en plena campaña de reelección y a las puertas de un juicio político por presuntos cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso del cual podrá salir con la ayuda de la mayoría republicana del Senado. Lo que sí se puede hacer es demandar cuanto antes al presidente saliente que respete a la ciudadanía, que divulgue ya el acuerdo completo y, si llegara a argumentar que aún hay negociaciones, entonces quiere decir que comprometió a la nación sin saber perfectamente qué se va a recibir o a cambio de qué.

De haber sido un estadista visionario, un político íntegro y un guatemalteco sensato, Morales tendría que haber razonado que a EE. UU. era y es a quien más le conviene contribuir al desarrollo del Triángulo Norte, como la mejor vía para frenar la migración. De haberse dado una administración eficiente, un Ejecutivo coherente y un plan de gobierno transparente, no se habría producido en el último año fiscal el mayor éxodo de guatemaltecos -incluyendo familias y menores solos- en la historia del país: una tragedia real que supera a toda ficción.