El breve paso de la comitiva del Departamento de Estado de EE. UU. para el Triángulo Norte, que ya partió rumbo a El Salvador con la misión de identificar los detonantes de la migración regional hacia el norte, no debe entenderse como un acto fugaz, sino, por el contrario, como una representación de la urgencia que tiene el gobierno de Joe Biden por atajar las causas de este fenómeno que ya comienza a tener características de crisis humanitaria en la frontera sur de su país.

El mensaje oficial de la conferencia fue sutil, diplomático, pero contundente, sobre todo al resaltar la preocupación estadounidense por la reciente elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y al señalar, en tono sugerente, que ambos países son socios y amigos, pero que “los amigos hablan claro sobre las percepciones y de lo que entienden”, lo cual complementó poco después al aseverar: “Estamos teniendo conversaciones abiertas y hablando francamente”.

Se aclaró que no se trataba de una interferencia en los asuntos internos de Guatemala, pero sí de una iniciativa de cooperación en favor del desarrollo para detener la salida de indocumentados, pues la inestabilidad económica, la violencia, la impunidad y la falta de perspectivas viables para los jóvenes tienen una repercusión directa en el ámbito migratorio.

En todo caso, el gobierno guatemalteco tiene una oportunidad valiosa para poder rectificar el rumbo y comenzar a actuar de forma integral, madura y sistemática. Especial atención merecen los asuntos concernientes a frenar el hambre, impulsar la inversión y propiciar la generación de empleo, sobre todo en la provincia.

Estos tres temas fueron parte de la campaña y del discurso de toma de posesión, por lo cual no deberían representar mayor sorpresa y sí una concentración de esfuerzos. La pandemia se convirtió en un obstáculo para ciertas metas, pero a la vez fue una pausa que dio perspectiva y permite replantear prioridades de Estado. Lamentablemente también fue un factor que agravó la salida de guatemaltecos hacia EE. UU., incluyendo menores no acompañados.

No se trata de una tarea que se encuentre únicamente en manos del Ejecutivo. También el Legislativo debe cumplir y la primera medida por implementar debería ser emprender de manera ininterrumpida la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, que está por cumplir 18 meses de atraso y que no ha sido abordada por la alianza oficialista con la seriedad necesaria, quizá por desidia, quizá por dolo; no obstante, el enviado especial señaló su atención hacia el estado de Derecho y la impartición de justicia como uno de los factores de desarrollo, pues solo la certeza jurídica permitirá más y mejor inversión, tanto interna como externa.

Coincidentemente ayer trascendió la nueva proyección de crecimiento para Guatemala del Fondo Monetario Internacional, entidad que sitúa la expectativa en un 4.5%, una cifra que resulta sorprendente y alentadora después de los estragos económicos del coronavirus. Esto representa una mayor certeza de recuperación fiscal y sobre todo es la expresión del gran potencial que tiene el país para rescatar otros indicadores, a través de una ejecución transparente, oportuna, estratégica e inteligente de los recursos. Sin duda alguna, el gobierno de Joe Biden seguirá muy de cerca las acciones de Guatemala.