EDITORIAL
Un Estado en deuda con las mujeres
Existen mecanismos y leyes contra la violencia hacia la mujer que en efecto contribuyen a atajar este flagelo.
Más allá de criterios de cuotas políticas, Guatemala necesita una mayor valoración del aporte de las mujeres al desarrollo en varios niveles: familiar, comunitario, municipal, nacional y en todos los órdenes: productivo, político, educativo y cultural. En otras palabras, una política de Estado que apunte al cierre efectivo de brechas de género en áreas como la escolaridad, el acceso a la salud, la capacitación laboral y la defensa efectiva contra la violencia intrafamiliar. Los rezagos y contradicciones en estos ámbitos en el país presentan un panorama poco halagüeño pero que revalida la importancia de conmemoraciones como la de cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, oficialmente instituido en 1977.
Sin duda alguna, el área prioritaria para una gran apuesta gubernamental de largo plazo es asegurar la matriculación total de niñas y adolescentes en edad escolar en todas las regiones del país, incluyendo los planteles con formación bilingüe intercultural. Las limitaciones presupuestarias y las trabas burocráticas han sido uno de los lastres de este avance, que constituye un componente esencial para potenciar la mejora de las comunidades. Las niñas con mejor acceso al cultivo de sus talentos tienen mayores posibilidades de explotar su potencial en materias como la ciencia, el deporte, las artes y cualquier profesión universitaria.
Existen interesantes ejemplos de iniciativas de educación visionaria como la escuela Maia, creada por mujeres indígenas, al servicio de las niñas y jóvenes de áreas rurales, a fin de convertirlas en lo que denominan “pioneras”, un término que exhibe el alto nivel de desempeño personal y capacidad de liderazgo en sus comunidades y el país.
Lamentablemente, la realidad es adversa a las guatemaltecas y las cifras lo confirman. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, prácticamente una de cada dos mujeres ha sufrido algún hecho de violencia en su vida. Si bien se trata de una medición estadística, este dato apunta a una cifra superior a los cuatro millones de afectadas. En muchos casos, esta violencia física, verbal, psicológica, económica o sexual es recurrente y sucede en el mayor desamparo para la víctima.
Existen mecanismos y leyes contra la violencia hacia la mujer que en efecto contribuyen a atajar este flagelo. Sin embargo, también hay abusos y mala utilización de normativas por parte de diputadas y funcionarias que pervierten la norma al utilizarla como un blindaje contra los cuestionamientos a su desempeño, a uso de fondos públicos o contradicciones en su quehacer político, una actividad para la cual se postulan libre y voluntariamente. Este uso displicente le resta oportunidad de atención a ciudadanas que sí necesitan medidas cautelares ante inminente riesgo para su vida, y es lamentable que sea cometido por quienes más obligadas están a velar por las ciudadanas.
La participación política de la mujer se ha visto a menudo relegada desde las estructuras partidarias mismas, en donde no siempre se otorgan los espacios necesarios de representación, empezando por la definición de candidaturas a diputaciones y alcaldías. Finalmente, la alta incidencia de cáncer e hipertensión arterial en mujeres, con sus consiguientes complicaciones, constituye un desafío para el sistema de salud. Aunque se han reducido las muertes maternas, todavía ocurren en ciertas regiones y, peor aún, se registran en menores de edad: otra evidencia de abuso prevalente.
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