El estado de Prevención decretado ayer por el Gobierno para seis municipios de Escuintla despierta expectativas entre la población local, sobre todo porque se trata del departamento que más muertes violentas reporta después de la capital, es un corredor logístico para el comercio exterior y uno de los de mayor dinamismo económico.

La requisa en la granja penal Canadá arrojó resultados previsibles y parecidos a los de anteriores operativos carcelarios: decomiso de aparatos de audio y video, teléfonos celulares, drogas y armas: evidencia de la continuidad del trasiego de objetos reglamentariamente prohibidos pero consuetudinariamente obtenidos por los reos, con la obvia colaboración de agentes penitenciarios, lo cual constituye una recreación del mito de Sísifo, aquel personaje mitológico que todos los días empuja con esfuerzo una roca hasta lograr colocarla, al final de la jornada, en la cima de una loma, para luego irse a descansar. Al volver el siguiente día, la piedra se encuentra de nuevo en el punto de inicio y así continúa la estéril repetición del ciclo, algo que ha ocurrido en los centros penales del país: requisa tras requisa, gobierno tras gobierno.

Cabe subrayar una de las mayores dificultades logísticas: el extenso territorio que abarca este estado de Prevención. A diferencia de operativos previos, que también duraron una semana y que tenían efecto sobre municipios específicos del distrito metropolitano, esta vez se trata del mismo período, pero sobre una extensión de 2,400 kilómetros, lo cual incluye cascos urbanos pero también extensas áreas rurales y caminos vecinales, muy difíciles de abarcar y que con frecuencia son “tierra de nadie”, lo cual contribuye a la alta incidencia delictiva.

El año pasado fueron detenidos dos presuntos capos en este departamento: el llamado Tío Ruiz, de Puerto San José, y Otoniel Lima , exalcalde de Nueva Concepción, por señalamientos de narcotráfico, lo cual, a su vez, habría desencadenado pugnas por el dominio en las rutas de trasiego. Los hallazgos de narcoavionetas han sido recurrentes en la Costa Sur y el territorio escuintleco no ha sido ajeno a este tipo de aterrizajes ilícitos, así como al traslado de cargamentos lanzados en el Pacífico y luego llevados a tierra mediante lanchas tiburoneras.

Es de esperar que las operaciones desarrolladas en este enorme territorio no solo tengan una abordaje logístico que contemple eventuales rutas de escape, sino también estrategias de control y combate sistémico a esta actividad ilícita cuyas repercusiones en la seguridad ciudadana impactan a todo el país. Por otra parte, son previsibles nuevas capturas relacionadas con este y otros delitos, ojalá y con suficientes evidencias para fundamentar procesos judiciales y sentencias ejemplares.

El uso de herramientas legales para restringir derechos ciudadanos en nombre de la seguridad se encuentra entre las potestades presidenciales y debe utilizarse para retomar el control de territorios comprometidos por la actividad de mafias organizadas, pero cabe advertir de que el efecto de estas medidas corre riesgo de resultar cada vez menor si se convierte en una táctica recurrente a mediano plazo. Si bien son útiles las denuncias logradas a lo largo de los estados de Prevención, los resultados duraderos solo llegarán en la medida que sean desarticuladas estas bandas y que se impida a sus cabecillas seguir coordinándolas desde los penales; de lo contrario, el drama absurdo de Sísifo continuará repitiéndose.