EDITORIAL
Un gremio llamado a ser Derecho ante todo
La inmensa mayoría de los abogados y notarios del país actúa con respeto y pertinencia.
La profesión de abogado y notario no es un ejercicio abstracto en un entramado de leyes —viejas o recientes—, sino la aplicación del espíritu de esas normas orientado a la búsqueda del bien común, al fortalecimiento del estado de Derecho y las garantías constitucionales, pero también para penalizar y garantizar la certeza jurídica. Para infortunio de esta profesión, pero en general de la sociedad, no faltan los tunantes que persiguen solo su propio peculio y para ello buscan espacios de discrecionalidad venal y ventajas procesales a través de amistades, subterfugios paralegales, intercambios de favores y colocación de alfiles en cargos de decisión. Muy conocidos son los nombres y apellidos con esta fama de truhanería, güizaches incluidos.
La inmensa mayoría de los abogados y notarios del país actúa con respeto y pertinencia, de manera acorde a los procedimientos institucionales establecidos, criterio ético y recta conciencia respecto de la aplicabilidad de normas positivas. Este sector constituye la constante esperanza de un sistema jurídico en el cual la fe pública se asiente y permita nuevos derroteros para el desarrollo. Todas las ramas de la justicia, civil, familiar, mercantil, penal, de todas las entidades involucradas, siempre tratan con vidas, personas, historias que necesitan de una legalidad respaldada por la lógica, la ética y el derecho a vivir con dignidad.
Por eso, son repudiables los vanos juramentos de quienes se comprometieron a respetar la Constitución o las leyes, de quienes intentan pervertir o retorcer normas, ya sea por animadversión, conveniencias o ciega locura. Cuando ciertas instancias jurídicas impiden la legítima defensa, propician dilaciones procesales o alientan la impunidad de litigios maliciosos, el ejercicio de profesiones y cargos legales pierde sustento ontológico.
Uno de los recientes ejemplos de acciones que ponen en entredicho los mismos principios que invocan fue el abierto intento de sabotear y anular la voluntad ciudadana manifestada en las urnas, de la cual emana la soberanía nacional que da razón y sentido al entramado estatal guatemalteco y a todo cargo público. A menudo estas maniobras van acompañadas de retruécanos dogmáticos con pies de barro. Esto último queda en evidencia al mostrar la celeridad de ciertos procesos y la parsimonia de otros, con nombres y apellidos reiterados.
Otro ejemplo de la gazuza por tratar de copar la justicia fueron los públicos y descarados trasiegos de influencias, citas subrepticias de diputados, postuladores y hasta magistrados con un operador político efectuados durante el proceso de postulación de magistrados del 2019. Nunca más debería repetirse ni tolerarse esta clase de negociaciones paralelas, que en el fondo se mofan de la dignidad ciudadana y de la misión del Poder Judicial.
Por eso es tan necesario que los 36 mil agremiados del Colegio de Abogados y Notarios participen masivamente, con sentido patriótico, responsabilidad profesional y solvencia de integridad en la votación que se efectúa hoy. Dadas las situaciones acontecidas en las comisiones de postulación de 2019, nadie debería quedarse atrás con ningún pretexto, porque eso es ceder espacio a los bellacos. También es tiempo de que el Colegio de Abogados y Notarios evolucione para establecer reglas de seriedad en comicios e innovación en los procedimientos de voto para habilitar la participación digital con verificación biométrica en futuros procesos. Los abogados saben que la equidad es fundamental para el estado de Derecho, y que la celeridad y transparencia procesal son un anhelo largamente regateado al pueblo de Guatemala.
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