No hará falta repetir la expresión proferida a micrófono abierto por el primer vicepresidente del Congreso, Boris España, durante una llamada telefónica en la que aseguraba a un interlocutor, a quien llamaba “hermano”, que tenía todo un plan urdido para cierta aprobación en el pleno que presidió. En esa última plenaria “ordinaria”, este adjetivo adquirió otra connotación gracias al desliz del diputado España, del siempre aquiescente partido Todos, quien presidió el pleno en ausencia o elusión de la presidenta Shirley Rivera. En una sesión en la que se iba a aprobar el nefasto presupuesto 2024 y posiblemente a votar el retiro de inmunidad de cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cualquier intromisión, interferencia o instrucción en tan confianzuda llamada podría justificar una impugnación por potencial presión o tráfico de influencias.

La aprobación de la iniciativa de presupuesto 2024, manoseada, distorsionada y retorcida por la Comisión de Finanzas dirigida por el oficialista Cándido Leal se concretó ayer con 95 votos. A última hora, la dirigencia del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de Sandra Torres, publicó un comunicado para tomar distancia del mamotreto, impuesto sin discusión. Tuvieron más de un mes y no se pronunciaron pese a las advertencias de institutos de análisis, universidades y economistas. Además, su representante en la comisión firmó el dictamen.

En la fruición ambiciosa de avalar un gasto clientelar, oscuro, plagado de proyectos inventados y sin respaldo técnico, pero a la vez con la obvia finalidad de ponerle obstáculos al siguiente gobierno, el decreto aprobado adolece de abiertas inconstitucionalidades que podrían y deberían traerse abajo tan desleal adefesio.

Pero no son solo estas las posibles transgresiones a la Carta Magna, cuyo espíritu y estructura prohíbe la supeditación de los poderes del Estado; también están las afrentosas reducciones de fondos a renglones tan vitales como el Ministerio de Salud, al cual se le restaron Q300 millones, o a la cartera de Gobernación, a cargo de la seguridad pública, a la cual le quitaron Q325 millones, o a la de Desarrollo, con Q325 millones menos. Habrá que revisar con detenimiento la lista de esos 95 representantes que necesitaron de un descomunal y prolongado cerco policial para concretar tan vulgar maniobra.

El parlamentario España fue reelecto para un nuevo período en el Legislativo, pero no con Todos, sino con el partido oficialista Vamos, lo cual deja entrever sus nuevas cercanías y hermandades. Dicho partido es la segunda mayor bancada de la siguiente legislatura, pero queda claro que ya no contará con la hegemonía del Ejecutivo y quizá tampoco con la cercanía de los votos de la UNE, que marcó supuesta distancia al criticar las irregularidades técnicas del gasto aprobado.

La bancada Semilla, que en los años anteriores era la principal crítica de los altos montos presupuestarios, también perdió tiempo y costo de oportunidad al haber pretendido un monto de gasto mayor al aprobado, lo cual sonó como una relativa contradicción, que a la larga restó fuerza a la batalla dialógica contra el oficialismo y adláteres. Todavía queda la vía de los recursos legales en contra de aquellas cláusulas y transferencias del decreto que resulten lesivas para el erario o que conculquen garantías fundamentales de la ciudadanía, como el derecho a la salud o a la protección de la seguridad pública.