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Un llamado con autoridad moral

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Expertos antropólogos señalan que deben pasar al menos cuatro generaciones, después de una guerra, para que lleguen a cicatrizar las heridas dejadas por los actos de violencia, que suelen revestir una crueldad inverosímil debido precisamente a que en tales conflictos los bandos llegan a perder incluso la noción de los ideales que originaron el enfrentamiento y se concentran únicamente en el odio al bando contrario.

El conflicto armado interno de Guatemala comenzó el 13 de noviembre de 1960, a partir de una rebelión de oficiales del Ejército cuyo descontento provenía desde el intento de unificar a las fuerzas armadas con el ejército contrarrevolucionario; exigían además la destitución del ministro de la Defensa, señalado de corrupción, y se oponían a la decisión del presidente Miguel Ydígoras Fuentes de permitir que expedicionarios cubanos se entrenaran secretamente en Guatemala para la invasión a playa Girón, Cuba.

Con el paso de los años, de las pequeñas escaramuzas se fue pasando a los combates en las montañas, en el marco de una Guerra Fría que acentuó la rivalidad y agudizó la violencia, cometida por ambos bandos. Fue un episodio lamentable de la vida del país, del cual son mudos pero respetables testigos los centenares de osamentas de hombres, mujeres y niños encontrados en fosas en diversos puntos del país, a lo cual se suman las historias de dolor y penuria de los sobrevivientes. Uno de nuestros fundadores, Isidoro Zarco Alfasa, fue asesinado en 1970 por una presunta facción guerrillera, prueba de los extremos de impunidad a los que se llega cuando el estado de Derecho se vulnera.

Guatemala no es el único país en donde han ocurrido guerras. La historia está llena de casos de Estados que convirtieron a los ciudadanos en objetivos por perseguir: dictaduras saturaron los cementerios y enlutaron a familias. Delitos de lesa humanidad como el cometido contra el pueblo judío en Europa o por rivalidades tribales en África y Asia ilustran con dolorosa elocuencia los alcances de la crueldad humana, ante la cual únicamente se oponen la razón, los valores y los derechos universales, como estandarte fundamental de la dignidad de la persona humana.

Paulatinamente, países que han padecido la guerra han tenido que vivir sus respectivos procesos de justicia transicional, precisamente para volver a una vida institucional. Ninguno ha sido sencillo, fácil ni libre de controversias. No faltan las versiones negacionistas, incluso sobre sucesos de la magnitud del holocausto judío, pero que no reducen la necesidad de rendición de cuentas. Hacer borrón de tales episodios parece una salida legalista fácil, pero destruye los valores en los que cualquier sociedad digna debe asentarse.

Por ello reviste tanta importancia moral el llamado efectuado por 13 países cooperantes, entre los cuales figura la misma Alemania, para que el Congreso de la República frene la aprobación de cambios a la Ley de Reconciliación Nacional, los cuales prácticamente buscan una amnistía absoluta, que resultaría contraria a tratados y convenios internacionales. Es válido retomar la discusión sobre el rumbo de la justicia transicional en el país, sí, pero en un ámbito que incluya a la Academia, tanques de pensamiento, sectores de la sociedad y víctimas de ambos bandos, con un objetivo claro: trazar una ruta de desarrollo nacional, la cual no debería ser socavada y menos aún aprovechada para crear una polarización innecesaria con aviesos fines.