Estados Unidos
Editorial
Un mercado de intereses en la Casa del Pueblo
Quienes fueron electos están obligados a distanciarse de cualquier adeudo político, declarado o subrepticio.
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Ya que estamos en Cuaresma, vale describir al Congreso de la República ayer como un hervidero de cambistas de intereses, compra de contratos de futuros y especuladores de favores. En el recinto que pertenece al noble Pueblo de Guatemala, los diputados negociaban prebendas y perfiles, tácitos adeudos por llevar al cargo a un abogado, a un exjuez o a un magistrado al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Barullo politiquero en su máxima expresión, debido a que designan a quienes, supuestamente, deben regir, auditar, controlar y sancionar la actividad política, partidaria y electoral.
Prácticamente, ningún diputado objetó la nómina de aspirantes al TSE enviada al Congreso por la postuladora dirigida por el dudoso rector Walter Mazariegos. Desde que llegó al Legislativo empezaron las negociaciones. Aquella lista avalada por un sanedrín de ciertos rectores y decanos es todo lo que se temía y esperaba. Hubo objeciones legales, pero la Corte de Constitucionalidad —ya parcialmente reelecta y sin nada que perder— avaló la lista. El reclamo inicial del pretor romano, contra el riesgo de infiltración de mafias, se quedó en el aire y no tuvo mayor consecuencia, solo el notorio silencio, que era como un lavado de manos.
No hubo azote de lazos en el Congreso y se concretaron los consensos entre oposición y oficialismo para ir nombrando a los nuevos titulares y suplentes del próximo TSE, que se hará cargo de las elecciones generales del 2027 y 2031. Ahora no queda más que esperar lo mejor de la nueva magistratura, pero hay que ser realistas y no cuesta mucho ver los afanes transaccionales de las bancadas. Se pudo mejorar la nómina, con más altos estándares de transparencia de la propia postuladora, pero se prefirió el camino ancho.
Es necesario anotar para la historia del próximo lustro que sí era posible exigir una criba más rigurosa, más ecuánime y, sobre todo, transparente en los perfiles de la nómina. Quienes fueron electos están obligados a distanciarse de cualquier adeudo político, declarado o subrepticio. La naturaleza colegiada del TSE dificulta la toma de decisiones unilaterales, pero en todo caso estarán bajo el escrutinio ciudadano y multisectorial. De alguna forma, el aval partidario no debería ser tomado como un adeudo político, sino como un reconocimiento directo del carácter supremo de esta entidad.
Ya quedó demostrado que el asedio contra la democracia y los resultados electorales del 2023 fue estéril, lleno de prepotencias sin salida, y deberían sentar precedentes de respeto institucional. El próximo TSE debe concretar las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tendrían que hacer más rigurosos los mecanismos de cuentadancia de finanzas y donaciones recibidas por esas agrupaciones, así como dar continuidad a la apertura del voto en el extranjero aprobada por el TSE saliente, que constituirá un desafío logístico necesario para dar voz a millones de compatriotas que aportan el 20% de la economía nacional.
Se deben erradicar las laxitudes, discrecionalidades e incluso tolerancias legaloides hacia financiamientos sucios de narcopartidos hoy extintos pero cuyos tránsfugas se adhieren a otros o fundan nuevos cascarones. Persiste la vulnerabilidad de municipios y distritos fronterizos o costeros ante el asedio del narco. Solo un TSE fuerte, coherente y probo podrá hacer frente a dicho riesgo, y es lo que se espera de los electos anoche, pues para ello se postularon y para eso se les votó en el Hemiciclo. Pero si por algún caso no cumplieran con el juramento, habrá que recordar la selección inicial y que no se hizo nada para mejorarla.
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