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Un peligro real y creciente

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Resulta difícil de visualizar un sistema ilegal de transporte de carga tan constante, masivo y frecuente como el de los narcovuelos en Guatemala sin la complicidad de algunas autoridades locales, elementos policiales o grupos de pobladores devenidos en cómplices. La llegada de una avioneta cargada con estupefacientes cada 10 días, en promedio, constituye un dato preocupante y a la vez vergonzoso, sobre todo a la luz de los avances tecnológicos y del creciente gasto estatal en Gobernación y Defensa.

Si bien es cierto que desde el 2019 han sido capturadas al menos 24 personas requeridas en extradición por Estados Unidos debido a actividades vinculadas con el trasiego de drogas, aparecen otros cabecillas. La situación es comparable a la Hidra de Lerna, bestia mitológica griega a la cual le crecían dos cabezas por cada una que el héroe Hércules le quitaba. Sin embargo, a pesar de su descomunal poder de generación, también tenía sus vulnerabilidades, y es así como fue vencida.

El gran peligro con el crimen organizado es su alta capacidad corruptora, lo cual deviene de su constante y creciente necesidad de impunidad para actuar a sus anchas. Paradójicamente, también procura cobrar apariencia de legalidad, sobre todo a través de representantes ediles y legislativos cuyas campañas son financiadas con dinero oscuro. El más reciente ejemplo de esta simbiosis es Mario Estrada, expresidenciable del partido Unión del Cambio Nacional, capturado y sentenciado en EE. UU. bajo cargos de narcotráfico. Dicha organización ya fue cancelada por el Tribunal Supremo Electoral y, por consiguiente, su bancada en el Congreso no debe tener acceso a cargos directivos. No obstante, se trata del principal aliado del oficialismo, que maneja con displicencia, selectividad e incoherencia la agenda legislativa del país.

Guatemala no es el único país con este desafío. El reciente fallo de culpabilidad en contra del exdiputado hondureño Tony Hernández, hermano del mandatario Juan Orlando Hernández, evidencia esta porosidad. Por su posición geoestratégica, el Triángulo Norte se encuentra bajo el asedio de estas bandas, dispuestas a estrellar o quemar aviones en favor de ingentes ganancias. En la recuperación de estos cargamentos intervienen grupos de pobladores, ya sea bajo amenaza o por algún estipendio ilícito. Han llegado al extremo de atacar a fuerzas de seguridad o bloquearles el paso. Es allí donde se necesita el uso legítimo de la fuerza por parte de autoridades policiales, con la debida documentación en video y reportes profesionales. Por otra parte, el Ministerio de la Defensa puede y debe reforzar la vigilancia de áreas protegidas y regiones fronterizas sin pretexto ni demora, porque esa es su misión. Lo mismo vale decir del litoral sur del país, otra zona de alta frecuencia de trazas aéreas ilegales, sobre todo en la región de llanura costera de Escuintla, Mazatenango y Retalhuleu.

La situación es preocupante, pero el Estado tiene las herramientas, siempre y cuando se quieran aplicar. Una de ellas es el fortalecimiento y doble supervisión independiente de los monitoreos aéreos. En segundo lugar están los controles a las transacciones bancarias y financieras, una medida que se hará rigurosa y obligada debido a nuevos requerimientos del departamento del Tesoro. La búsqueda y localización de buzones de dinero en efectivo obviamente ilícito es un tercer frente para cauterizar cabezas de esta colosal hidra, pero sin duda la estrategia más exitosa es la promoción a largo plazo del desarrollo integral sostenible, la seguridad democrática, educación y salud en áreas que hasta ahora padecen la ausencia del Estado.