Estados Unidos
EDITORIAL
Un vacío virtualmente desastroso
El cibercrimen no solo ataca al Gobierno: hay constantes intentos de robar identidades de usuarios, contraseñas bancarias o incluso datos de criptomonedas.
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Ataques informáticos contra bases de datos de los ministerios de Trabajo y de Salud, el robo de datos a la Dirección General de Armas y Municiones, así como la intrusiones a sistemas de dos universidades para saquear y difundir información potencialmente sensible son tan solo las exhibiciones más recientes del asedio de cibercriminales de todo tipo contra países vulnerables, como Guatemala. Estos delincuentes no son ya actores aislados, sino todo un ecosistema delictivo en el que hay interconexiones en la internet oscura, mercenarios digitales y constantes desarrollos de programas invasivos, espías y secuestradores de datos.
Lamentablemente, en Guatemala, las políticas de ciberseguridad están rezagadas a causa de la improvisación y las dilaciones atribuibles a la politiquería. Durante demasiado tiempo, los diputados afines a despotismos e intolerancias han pervertido los intentos de ley de ciberseguridad al querer tornarla un mecanismo de control contra la libertad de expresión. Pero el riesgo no está en las palabras, sino más bien en los silencios: no existen ciberdelitos adecuadamente tipificados y, por tanto, no existen sanciones específicas ni protocolos unificados para enfrentar la amenaza. Prueba de ello son los incidentes recientes, que no son los primeros, pero tampoco los últimos.
El cibercrimen no solo ataca al Gobierno: hay constantes intentos de robar identidades de usuarios, contraseñas bancarias o incluso datos de criptomonedas. Billones de dólares son virtualmente saqueados cada año, con un crecimiento estimado de hasta el 15% en 2026 y a una velocidad creciente, alimentada con herramientas de inteligencia artificial devenidas en verdaderas armas virtuales para atracos muy reales.
Estas bandas traspasan fronteras: atacan desde cualquier lugar del globo e incluso a potencias económicas. El Buró Federal de Investigación de Estados Unidos tiene actualmente 115 jáqueres en su lista de los más buscados. Y esos son los que están identificados, pero hay muchos más que siguen operando desde las sombras, a veces protegidos por Estados que buscan espiar a otros, penetrar sus sistemas e incluso convertirlos en satélites para sus incursiones. Por eso son riesgosas y sospechosas las adquisiciones de sistemas informáticos elaborados por países asiáticos dictatoriales.
El domingo último, autoridades italianas extraditaron a Estados Unidos a Xu Zewei, un ciudadano chino acusado de actividades de hacking vinculadas a intereses estatales, lo cual exhibe la necesidad de cooperación judicial entre países con Estado de derecho, precisamente para protegerse de sabotajes que pueden atentar contra la gobernabilidad y la democracia.
Cabe señalar la visionaria decisión de la Junta Monetaria, que desde 2021 estableció en la Ley de Bancos la obligatoriedad de contar con un comité permanente de gestión de riesgos informáticos, para proteger a las entidades y los recursos de los cuentahabientes. Con cada día que pasa, el vacío en ciberlegislación se hace cada vez más grande. La respuesta reciente del Ejecutivo —delegar la ciberseguridad al Ministerio de la Defensa— abre más preguntas que soluciones, porque ya no solo se trata de un asunto militar, sino civil, empresarial, logístico, energético. La citada norma no debe ser un Frankenstein con agregados politiqueros o segundas intenciones, sino una ley funcional, que permita abordar el combate frontal a las bandas de asaltantes. No es una exageración; es una previsión. El no invertir recursos en tecnología de seguridad ya no es un ahorro, sino un peligro creciente.
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