Estados Unidos
Editorial
Un viaducto que todavía no conecta ninguna ruta
Guatemala lleva más de dos décadas transitando por chapuzas, parches y excusas anodinas.
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La Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP) surgió como una vía alternativa para resolver uno de los mayores problemas estructurales de Guatemala: la incapacidad de sucesivos gobiernos para planificar y ejecutar proyectos de carreteras estratégicas con criterios técnicos, continuidad institucional y visión de largo plazo. A 19 meses de haber sido aprobada por el Congreso y a 17 de su entrada en vigencia, pareciera que la entidad nació con un retraso congénito, producto de artículos transitorios que lejos de agilizar su implementación se han convertido en lastres.
Sí, se fijaron plazos demasiado laxos para la reglamentación y puesta en funcionamiento. El pretexto era que así podía comenzar a funcionar integralmente, pero las necesidades viales previas siguen allí y hay otras que se acumulan. A la sombra de tantos rezagos y pendientes más parece que en lugar de asfaltar la implementación de la DIPP, le pusieron túmulos en el camino, comenzando por el bache de dejarla dependiente del Ministerio de Comunicaciones (CIV), justo el mismo lastre capital que ha pesado sobre proyectos en los últimos 25 años.
En lugar de ser una instancia ágil, la DIPP aparece como un apéndice del CIV y con codependencia de otros ministerios concurrentes. Burocracia para resolver la burocracia son los diseños absurdos del Legislativo, en donde no hay voces más críticas ni propuestas correctivas. Es más, se puede hipotetizar que a muchos diputados contratistas les conviene, precisamente, que la DIPP tenga dificultades de origen. Artículos relacionados con los impuestos destinados a financiar el sistema comenzarán a regir hasta el 1 de julio de 2026, y la cláusula que establece la fuente permanente de financiamiento no entrará en vigencia sino hasta el 1 de enero de 2027.
Cabe cuestionar si en el próximo Presupuesto General de Ingresos y Egresos —del año electoral, para más señas— se le asignarán o no fondos a la DIPP. Si el problema era tan urgente como se argumentó durante la discusión legislativa, ¿por qué la solución fue diseñada para tan largo tiempo de implementación? Guatemala lleva más de dos décadas transitando por chapuzas, parches y excusas anodinas; también estafas como la de Odebrecht, fiascos como el del libramiento, lodazales como el del Anillo Regional.
Ni siquiera los parlanchines presidenciables que ya sobrevuelan en círculos el campo preelectoral se pronuncian con seriedad ni instruyen acciones proactivas a sus bancadas. Solo se quejan, pero sus mismos partidos poco o nada hicieron cuando fueron oficialismo o adláteres del Ejecutivo de turno. También puede ser que tales figurones no tengan peso para ordenar nada o, peor aún, que les convenga la parsimonia vial que sigue agobiando a la ciudadanía, al turismo, a la competitividad.
En este estado de cosas, la DIPP podría compararse con un distribuidor vial muy vistoso que todavía no tiene conectada ninguna ruta, excepto en planos. Lo más irónico es que la entidad fue creada para paliar la dificultad de ejecución. Sin embargo, hasta mayo pasado, Comunicaciones ya había adjudicado unos Q1,338 millones y, según Finanzas, ya hay unos Q400 millones disponibles para el arranque de la entidad. Quizá solo queda apelar a que el presidente Bernardo Arévalo intervenga directamente en la agilización de la puesta en marcha de la DIPP, porque hasta el propio Fondo Monetario Internacional se sumó al llamado de sectores productivos para la pronta implementación total de la Ley de Infraestructura Vial, a fin de emprender la transformación de un sistema caduco que se resiste a dar la vía.
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