A menos que en efecto exista un ulterior interés ilícito, un trasfondo malicioso o, más claramente, la posibilidad de una coima millonaria, la decepcionante adquisición de vacunas rusas Sputnik-V debe concluir con la recepción de ocho millones de dosis, cuyas entregas adolecen de notorios retrasos y que están programadas para finalizar el 31 de diciembre. Son inaceptables los titubeos legalistas del ministro de Salud, Francisco Coma, que prácticamente admiten la posibilidad de que Guatemala esté obligada a pagar otros Q600 millones por otras ocho millones de dosis rusas a ser entregadas hipotéticamente en el 2022 y el 2023. El doctor Coma debe poner punto final a tan dañosa continuidad.

El contenido del contrato, revelado por otras vías, mas no divulgado oficialmente por las autoridades a causa de supuestas cláusulas de confidencialidad, es un componente sospechoso de la transacción que el gobierno de Giammattei Falla pagó por adelantado y recibe por abonos. Dados los incumplimientos del cronograma de entregas, no se puede ni debe volver a confiar en tal proveedor, que incluso se resistió a la auditoría de la Organización Mundial de la Salud, que aún no certifica la aplicación de dosis. Ello genera inconvenientes colaterales para miles de personas que se topan con que tal inmunización no es aceptada en Estados Unidos ni Europa.

Entretanto, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público bailan el son de la comparsa oficialista, al no demandar la presentación del contrato original, que les ha sido negado una y otra vez bajo el mismo pretexto de confidencialidad. Tal pesquisa no solo se debe agilizar, sino que debe conducir a solicitar el procedimiento del voluminoso pago hecho a espaldas de la ciudadanía.

Si la Procuraduría General de la Nación no fuera otra entidad anodina y sometida al Ejecutivo desde el anterior período de gobierno, ya estaría trabajando para fundamentar la declaratoria de lesividad del contrato de marras, a fin de que finalice con la entrega de fármacos restantes. Una de las mejores y más lamentables evidencias del pésimo negocio hecho en nombre de la salud es que hasta el día de hoy el 52% de las dosis aplicadas a guatemaltecos han sido donadas por países amigos, mayoritariamente Estados Unidos.

Es improbable que en el Congreso de la República se produzca un llamado vehemente y mucho menos una iniciativa digna tendiente a la recisión inmediata del contrato secretista. Los funcionarios del Ejecutivo acuden a responder a medias en las citaciones, si es que asisten, porque se sienten protegidos por una alianza de intereses pegada con engrudo preelectoral. Pesan más las alambicadas permutas para copar la directiva, con los integrantes que sea y al costo que sea, que el interés de acelerar una inmunización efectiva con medicamentos avalados internacionalmente. Incluso la misma Rusia analiza la compra de fármacos de marcas certificadas.

Las lecciones de la historia son duras y elocuentes, pero aun así el actual oficialismo no termina de comprender que tarde o temprano el poder se va y la justicia llega, a pesar de las cooptaciones y los pactos. “Nada hay secreto que no llegue a saberse, ni nada oculto que no llegue a gritarse desde las azoteas”, dijo el gran maestro de Galilea, una verdad que se niegan a reconocer quienes detentan el poder temporal. Hasta llegan a decir con aires prepotentes que están allí por la voluntad de Dios, y puede que así sea, por lo cual deberán rendir cuentas de sus actos hasta el último centavo.