Incapaces de poder efectuar una readecuación presupuestaria con celeridad y eficiencia o de programar una agenda de leyes urgentes para impulsar el desarrollo y la transformación del Estado, los partidos representados en el Congreso resultaron muy avezados para elegir a magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral que durante las entrevistas previas criticaron las fuertes sanciones por delitos electorales y que, en apariencia, les prometen menos dificultades que sus antecesores.

El contexto era perfecto y los partidos no querían desperdiciarlo: el primer día de una suspensión nacional de labores decretada para atajar la penetración del covid-19. Numerosos diputados llegaron con mascarilla, a manera de prevención, aunque de sobra es sabido que la misma solo es recomendable para quienes ya se encuentran afectados por el virus. De cierta manera ya estaban contagiados por el arreglo interpartidario que involucraba tanto a la alianza oficialista como a los supuestos opositores: todos unidos, no por la salud de los guatemaltecos, ni siquiera de la democracia, sino aliados en favor de un TSE más condescendiente, de magistrados más afines a los partidos que a los votantes; al menos eso se deja entrever por las filiaciones de quienes fueron nombrados por una inverosímil mayoría de dos tercios.

Lo que evidenció el pacto multibancada fueron las infaltables traiciones o confusiones creadas por la avidez. Un aspirante apoyado por la Unidad Nacional de la Esperanza no logró los votos necesarios a causa del titubeo de otro grupo, que a su vez tenía un favorito. Ni uno ni otro lograron quedar como titulares, lo cual generó reclamos entre los diputados, que impidieron el avance de la plenaria.

El quorum se rompió y la elección de los magistrados suplentes quedó inconclusa. Negociaciones, nuevos ofrecimientos, recoger los platos rotos en la sesión concentraron los intentos, pero los que se habían marchado no volvieron al hemiciclo, en una nueva evidencia de los intereses aviesos que antecedieron a la elección por idoneidad, imparcialidad y criterio jurídico. Se espera que hoy continúe la elección de suplentes, puesto que se había convocado a plenaria para la juramentación.

Se puede argumentar que el plazo legal para la elección se había agotado, se puede decir que la votación fue legal, se pueden buscar excusas diversas para el proceder de los diputados, pero no existe justificación para recetarse un TSE a la medida de intereses politiqueros, y la inclusión de magistrados que a todas luces tienen conflictos de interés, ya sea por cargos o aspiraciones previas. La ciudadanía merecía que los 100 diputados “nuevos” defendieran mejor sus intereses, pero claro está que siguen atados a la vieja política y eso constituye una traición moral imperdonable.

Solo queda esperar que una vez en sus cargos, los magistrados del TSE se comporten a la altura de su investidura y corten cualquier lazo, cadena o atadura que los políticos intenten cobrar posteriormente. Su responsabilidad será, en adelante, atender las demandas ciudadanas de transparencia en el financiamiento, eficiencia en la ejecución de comicios y fortalecimiento de los procesos democráticos. Si bien la población se encuentra por estos días mayoritariamente recluida en sus viviendas a causa del coronavirus, esta etapa pasará. Pero los magistrados sí tendrán que encarar a los ciudadanos si llegado el momento de cumplir con su deber optan por coludirse con quienes los eligieron en el Congreso.