Estados Unidos
Editorial
Una ley en cámara lenta
Una industria de cine activa y bien coordinada puede traer no solo más ojos a Guatemala, sino más empleos, más turismo, más proyección, más oportunidades: un nuevo guion de desarrollo.
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Esta semana se estrenó Cordillera de Fuego, la más reciente película del laureado director guatemalteco Jayro Bustamante, en la aldea Chuk’muk, de Santiago Atitlán, Sololá, que aportó muchas de las locaciones de filmación, como un gesto de agradecimiento a la comunidad, pero también para poner el foco en el gran potencial de Guatemala como escenario cinematográfico, no solo para producciones locales, sino también internacionales.
Sin embargo, una de las barreras más grandes para el surgimiento o llegada de más propuestas de producción es una carencia nacional que se ha prolongado por demasiado tiempo: una ley de cine. En el Congreso se quedó varada la iniciativa 5906, en parte, por la falta de creatividad y criterio de los diputados, especialmente acerca del financiamiento del Instituto de Cine: pretendía cargar un impuesto de hasta US$3 por boleto aéreo desde el extranjero para sufragarlo. Tal disparate sería contraproducente, porque golpearía a la industria turística, y el fondo resultante sería inestable a causa de esa misma dependencia.
Ciertamente, el Estado puede aportar recursos para el desarrollo de esta rama artística, pero el tema va mucho más allá, porque se trata de potenciar una industria que integre productos y servicios de la economía creativa. Lo que una ley de cine moderna, coherente e inteligente debe hacer es incentivar la inversión privada nacional y extranjera en dicho rubro. El tema de fondo es por qué un país donde se han producido obras reconocidas internacionalmente y que cuenta con realizadores galardonados en destacados festivales continúa sin una estructura mínima en este sector.
Para no ir tan lejos: en Guatemala tenemos realizadores visuales de alta calidad, actores, directores, guionistas, artistas visuales, diseñadores, animadores y otros especialistas que ya han demostrado su excelencia de producción. La ley contempla un consejo integrado por entes burocráticos, y existen precedentes de tales disfuncionalidades. Lo que se necesita es una institución que posibilite algo tan básico como asegurar una producción, que respalde alianzas y gestione la llegada de producciones, que posibilite becas y abra espacios de aprendizaje.
La primera proyección del cinematógrafo en Guatemala ocurrió en 1896, y la primera producción nacional fue realizada en 1910. En la década de 1990 se avivó la esperanza con la película El silencio de Neto y, a inicios de los 2000, hubo una secuencia de producciones de diversa temática y facturas. Quizá el principal prejuicio es creer que el cine solo es entretenimiento: también es memoria, es arte y es embajador internacional. Los diputados presumieron de haber apoyado la iniciativa 5906, pero de pronto el supuesto entusiasmo se quedó en toma fija.
Para financiar el Instituto de Cine, previsto en la norma, bien se podrían usar, por ejemplo, esos Q60 millones de gasto extra y estéril que los legisladores se recetaron en el autoaumento desde el 2024, por solo citar uno de esos recovecos financieros existentes en el Congreso. Pero también debería haber incentivos fiscales atractivos para empresas e inversionistas de este rubro. Una industria de cine activa y bien coordinada puede traer no solo más ojos a Guatemala, sino más empleos, más turismo, más proyección, más oportunidades: un nuevo guion de desarrollo.
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