Los inicios de año dan la oportunidad de hacer balances cualitativos y cuantitativos de lo ocurrido en los 12 meses anteriores y visualizar escenarios futuros para resolver problemáticas, corregir procesos y emprender mejores acciones.

Una de esas cifras de inicio de año es la que dio a conocer el Departamento de Movilidad Laboral del Ministerio de Trabajo, sobre los 38 mil guatemaltecos que en tan solo cuatro meses llenaron el formulario para optar al programa de migración laboral que forma parte del acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos para otorgar visas agrícolas temporales (H-2A), firmado en agosto del 2019, y presentado por los gobiernos de ambos países como una forma de prevenir la migración irregular, al promover que esta se efectúe de manera regular a través de la contratación equitativa, digna, transparente y en el marco de la ley.

Hasta ahora solo un empleador estadounidense solicitó de manera formal cien trabajadores para laborar en una granja de bayas, en el estado de Georgia, y aunque aún se debe realizar el proceso de selección y otorgamiento del visado, se tiene previsto que 25 personas viajen el 25 de febrero próximo y, luego, 75 más, el 15 de marzo.

La cifra debe contrastarse con los 102 mil 864 guatemaltecos deportados por la vía aérea y terrestre durante 2019, de los cuales 54 mil 160 fueron deportados por EE. UU. en avión y 48 mil 686 desde México, por tierra. El número aumentó un 11.5 por ciento respecto de 2018, y aunque no existe una cantidad definitiva, distintos estudios evidencian que la mayoría de esos migrantes salieron del país en busca de un empleo y de mejores ingresos económicos.

Como las mismas autoridades guatemaltecas reconocieron en su momento, este convenio forma parte de las negociaciones que Guatemala y EE. UU. entablaron desde mediados del 2019 y que públicamente empezaron con la firma del polémico Acuerdo entre el Gobierno de EE. UU. y el Gobierno de Guatemala Relativo a la Cooperación Respecto al Examen de Solicitantes de Protección (ACA, en inglés), el cual permite al país del norte enviar a Guatemala a salvadoreños y hondureños que soliciten asilo en su territorio.

Definirse entre sí como aliados estratégicos no debe ser solo parte de la narrativa para alcanzar los intereses políticos de los gobernantes de turno, sino que se debe capitalizar en beneficio de los ciudadanos de ambos países, y sobre todo debe ser visto como una oportunidad de oro para las autoridades guatemaltecas, salientes y entrantes, para paliar la evidente y alta demanda de trabajo que existe en el país y que, como las cifras demuestran, se acentúa en las poblaciones rurales, en su mayoría dedicadas a actividades agrícolas e históricamente olvidadas en las decisiones que toman los gobernantes, como lo evidencia la reciente modificación al salario mínimo, del cual quedaron excluidos.

Del lado estadounidense también hay oportunidad para hacer realidad la manifiesta voluntad política de ayudar a países menos desarrollados como Guatemala, al dar pasos concretos en propiciar la promoción e intermediación laboral que permita recalcar a los empleadores de ese país las capacidades y ventajas que representa un empleado guatemalteco, además de facilitar la obtención de los permisos para que los potenciales migrantes legales guatemaltecos puedan encontrar trabajos dignos, sin que eso menoscabe a los ciudadanos estadounidenses.