En apenas 44 semanas, el Congreso de la República no solo mantuvo sino aceleró la ruta de descrédito de anteriores legislaturas, puesto que ha incurrido en toda clase de desvaríos debido a la ausencia de un liderazgo centrado en valores y de una agenda enfocada en el desarrollo de Guatemala y de los guatemaltecos: mantienen privilegios, se adjudican aumentos de presupuesto y acaparan cargos en entidades con alfiles útiles. No solo pecan por obra -como ocurrió con el Presupuesto 2021- sino también por omisión, puesto que han dejado relegados asuntos importantes para la vida democrática y económica.

Aparte de trastocar el gasto destinado al combate a la desnutrición y de obviar dolosamente por seis meses la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, el pacto oficialista del Congreso resultó muy eficaz para relegar la discusión técnica, madura y estratégica de iniciativas de ley atinentes a la reactivación económica y replanteamiento competitivo del país.

Este mismo fin de semana muchos guatemaltecos optaron por salir a descansar y distraerse en la Costa Sur. Miles de ellos tuvieron la oportunidad de padecer las deplorables condiciones en que se encuentra la autopista a Puerto Quetzal, una vía clave para el turismo y los pobladores del litoral, pero también para el transporte de carga de importaciones y exportaciones, combustibles y materias primas. Su deterioro ha sido irreversible y no es cuestión de ponerle parches sino de reconstruirla totalmente. El Estado no tiene los fondos para emprender tal obra, pero al país le urge tener esta vía en óptimo estado, por lo cual la opción es una alianza público-privada, cuya discusión y aprobación se encuentra varada en el Congreso.

La causa del desinterés es obvia: el contrato puede ser aprobado o no, pero no modificado, lo cual le quita oportunidades a diputados de beneficiar a allegados. Una empresa se hace cargo de la reconstrucción de la obra y del cobro de un peaje por uso y mantenimiento obligatorio, con 40% de las regalías para el Estado. Por lo tanto, la calidad de la construcción debe ser óptima para no incurrir en costos posteriores que igual quedan bajo responsabilidad de la compañía. Las autopistas de Palín-Escuintla y la de Bárcenas a Villa Canales funcionan con este modelo y quien no desee usarlas dispone de rutas alternas.

Resulta curioso cómo en el Congreso hay tantos diputados que se proclaman como personas “de valores”, pertenecientes a partidos en cuyo ideario figura la libre empresa, pero que en el fondo no tienen la más mínima idea de cómo trazar una agenda nacional competitiva: la falta de lecturas, de capacidades y de actualización se evidencian en los discursos vacíos e inconsecuentes. No se trata de abordajes ideológicos o de filtros dogmáticos, sino del avance del país.

Es probable que detrás del freno a la viabilidad de este proyecto piloto se encuentre también la voracidad por acaparar obra pública o quizá la perversa expectativa de algún tipo de lubricante pecuniario para que los engranajes se muevan. Dada la naturaleza de este proyecto no son posibles estas reparticiones de beneficios. Y si acaso hubiera congresistas que nieguen tales extremos, la solución es muy sencilla: deben volver a poner en agenda el acuerdo y dar su aprobación con todas las condiciones necesarias para su cumplimiento. Ese será un proyecto que además de abrir la puerta a más inversión, también beneficiará a diario a miles de guatemaltecos.