Cada año mueren más de un millón 350 mil personas en el mundo, a causa de accidentes de tránsito, y alrededor de 50 millones quedan lesionadas, en gran medida con graves limitaciones físicas de por vida, como secuela de esos incidentes. Y no es que todas sean irresponsables, pues buena parte de esta cauda es de acompañantes, peatones, ciclistas o terceros, afectados por la imprudencia de otros. Es por ello una especie de pandemia global, no viral, creciente, mortífera, pero también prevenible.

El año pasado, la Organización de Naciones Unidas lanzó la Década de Acción por la Seguridad Vial, una gran campaña internacional para resaltar el altísimo costo humano, social y estatal de los accidentes de tránsito. Las principales acciones por implementar son los controles de velocidad, educación de conductores, generación de alternativas de transporte no contaminante e integración de esfuerzos de las autoridades nacionales y locales, organizaciones sociales, universidades, empresas y medios de comunicación. La meta para 2030 es la reducción del 50% de muertes y lesionados, la cual resulta bastante ambiciosa, dados los impactos actuales.

En el caso específico de Guatemala, la mortalidad vial es la más alta detrás de la violencia delictiva, lo cual es prueba de la poca eficacia de las autoridades en cuanto a garantizar la seguridad pública, y los insuficientes esfuerzos coordinados para procurar seguridad vial. En algún punto podría argumentarse que la responsabilidad del conductor de un vehículo es individual y, en efecto, hay factores incidentales a su cargo, pero también existen irresponsabilidades institucionales como la obsolescencia de la Ley de Tránsito, el mal estado y mala señalización de rutas o el enfoque sancionatorio centrado solo en ciertos aspectos.

Las razones para actuar de inmediato existen, paradójicamente, desde hace muchos años. Pero baste una cifra: entre el 1 de enero de 2019 y el 15 de noviembre de 2022 han muerto en percances viales 10 mil 599 guatemaltecos, la mayoría hombres y jóvenes, con lo cual existe un evidente impacto social porque muchos dejan hijos en la orfandad. Al promediar los decesos, la cifra deja boquiabierto a cualquiera: 228 muertos por mes. Un tercio de los fallecidos tiene entre 20 y 30 años.

Existe, sin embargo, otro matiz poco abordado pero altamente lamentable: las víctimas mortales que no van a bordo de vehículos. En el mismo lapso han sido arrolladas 4 mil 92 personas. En algunos casos se trata de guatemaltecos que iban caminando a la orilla de una carretera, cruzando una calle o simplemente esperaban un autobús al momento de ser impactados por un automotor o una moto. Y ya que se menciona este tipo de vehículo, de los nueve mil 918 accidentes registrados por la PNC de enero a octubre de este año, cuatro mil 500 corresponden a motociclistas, con una alta tasa de muertes, pero aún así las temeridades en dos ruedas persisten.

Las autoridades lanzaron el jueves último la campaña llamada “La prevención es el mejor regalo”, para tratar de reducir incidentes durante el fin de año. Suena a buena intención, pero debería ser un esfuerzo operativo, educativo e integral de todo el año que integre a policías municipales de Tránsito. Las PMT podrían y deberían tener un papel más proactivo que ser cobradoras de multas impuestas por cámara: circulan demasiados vehículos sin una o ambas luces nocturnas, se producen excesivos cruces en luz roja del semáforo, sin sanción; vehículos sobrecargados, maniobras temerarias, rebases en curva y más imprudencias en total impunidad. Si no hacen cosas diferentes, seguirán obteniendo los mismos resultados.