La gestión sustentable del agua es el gran compromiso social y nacional pendiente en Guatemala desde hace décadas, pero que se hace cada vez más urgente y necesaria frente a las crecientes zonas que padecen la escasez de líquido aprovechable para consumo humano, agrícola y pecuario. Mucho se ha hablado, escrito y hasta diagnosticado, a través de estudios locales o efectuados con ayuda de países amigos, acerca del potencial acuífero del país. No obstante, al observar los avances, lo único que ha crecido realmente es el volumen de contaminación, con desagües caseros e industriales, así como desechos sólidos, sobre diversos afluentes, no solo próximos a la capital, sino en prácticamente todos los centros urbanos.

Resulta lamentable observar paisajes idílicos, rodeados de vegetación, que bien podrían ser destinos turísticos que generen oportunidades de ingreso para familias de diversas comunidades, son prácticamente e imposibles de aprovechar en ese sentido porque se han convertido en vertederos o en auténticas cloacas. Esto se puede observar en tantos cursos de agua, desde el imponente Motagua, en Baja Verapaz; el majestuoso Cahabón, en Alta Verapaz; el poderoso Los Esclavos, en Santa Rosa; el María Linda, Nahualate o Siguacán, en Escuintla…, que llegan al mar prácticamente sin vida útil, plagados de basura y malos olores.

Dicho con datos y en otras palabras, Guatemala posee una oferta de agua que supera por mucho a otras naciones del mundo. El problema es que tal recurso se desaprovecha, se desperdicia, se deja ir y, en el peor de los casos, se contamina. Según datos del Instituto contra el Cambio Climático, de los 97 mil millones de metros cúbicos disponibles, a través de precipitación y cuencas fluviales, el 95% simplemente se va hacia otros países o a los océanos.

Si a esto se contrapone la demanda de agua de toda la población, los números sorprenden, puesto que aun si se llegara a satisfacer la necesidad de 17 millones de habitantes, solo se necesitaría 10 por ciento de toda el agua disponible. Ello hace aún más paradójica la crisis de acceso al agua que afrontan tantas comunidades, urbanas y rurales, un drama que se vive a diario, que motiva protestas y bloqueo de vías.

El Censo de Población refleja disparidades que contrastan con el potencial natural: en Alta Verapaz, un área ampliamente conocida por contar con verdaderos paraísos naturales como Semuc Champey, el río Lanquín o el río subterráneo de las Grutas de Candelaria, entre muchos otros, solo 28% de población tiene acceso a servicio de agua domiciliar. En Petén, el acceso llega al 34%, Huehuetenango 36% y Retalhuleu 43%. Es un auténtico contrasentido respecto de la riqueza de este recurso.

La deforestación, el cambio climático y la irregularidad de los patrones de precipitación han afectado caudales de los ríos y niveles de lagos. El problema no está en seguir aprovechándolos de forma pasiva, sino en crear infraestructura moderna para almacenar el líquido artificialmente, así como en la construcción de plantas de tratamiento para devolverlo, purificado, a los cauces. En ese sentido, el país padece por la inexistencia de una ley de aguas, para asegurar el correcto manejo, estimular la preservación y también sancionar la contaminación de fuentes. Congresos pasan y los proyectos de ley quedan varados a causa de bizantinas discusiones, ignorancia, desidia, indiferencia y extraños conflictos de interés que nunca terminan de ser ventilados. La creciente demanda obliga a asumir una hoja de ruta para enfrentar la sed que ya agobia a muchos, pero que a futuro será factor de sobrevivencia nacional y también de competitividad.