Lo que para muchos era impensable en Estados Unidos ocurrió ayer: el presidente Donald Trump deplegó en las calles de Washington D.C. a efectivos militares, y ofreció hacer lo mismo en otros estados, para controlar las protestas suscitadas por la muerte de George Floyd, asfixiado por un policía de Minnessotta, hecho que al parecer catalizó diversos descontentos, pero que también podría ser aprovechado por otras causas totalmente ajenas a las libertades fundamentales.

En una semana proliferaron manifestaciones en ciudades estadounidenses para reclamar justicia por la muerte del ciudadano afroamericano debido a un exceso de fuerza que fue grabado y transmitido por redes sociales, lo cual encendió la indignación ciudadana. Líderes políticos, sociales, religiosos, así como artistas, intelectuales y estudiantes lanzaron un fuerte llamado a respetar la vida y las garantías elementales.

Lamentablemente, en el mismo lapso se comenzaron a registrar brotes de violencia, saqueos y daño a la propiedad pública y privada, acicateados por las declaraciones apresuradas, la reacción agresiva de algunas autoridades policiales y también, cabe inferir, la posible injerencia de grupos que propugnan por el caos, el anarquismo y que incluso buscan desgastar a la democracia como sistema. Es claro que hay personas y grupos delictivos que aprovecharon la agitación para emprender robos en total impunidad. Así también se señaló a grupos supremacistas blancos de emprender saqueos para desprestigiar los reclamos de minorías afroamericanas o de otros orígenes.

Otro aspecto sospechoso es que, al igual que ciertos movimientos ocurridos en Sudamérica, templos cristianos -totalmente ajenos a la protesta- fueron objeto de vandalismo y pintas, tal el caso de la iglesia episcopal de San Juan, a donde el presidente Trump caminó ayer para sostener una Biblia frente a su atrio, en un acto de afirmación de valores fundacionales aunque también con cierto giro electorero. El caso es que Trump ordenó la intervención de policías militares, aunque para poder sacar al Ejército en otros estados necesita que los gobernadores se lo soliciten.

La enseñanza es evidente: existen causas justas, fundamentadas en valores que pueden y deben ser defendidos: la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el profundo rechazo a cualquier forma de discriminación o racismo. El fundamento lógico para todas esas reivindicaciones yace en el respeto al derecho ajeno, en el comportamiento responsable y en el uso de los mecanismos institucionales de justicia.

En todo país democrático, los primeros llamados a ejercer este respeto a los demás, en tener una conducta adecuada y respetar la institucionalidad son los funcionarios públicos, sin excepción. El agente Derek Chauvin a todas luces actuó mal. Pero el camino para corregir tales entuertos no es la ira destructiva. La ruta para transformar los fallos no pasa por nuevas ilegalidades.

Son los disturbios más graves en EE. UU. desde el asesinato del líder afromericano Martin Luther King en 1968, y las medidas que Trump impulse pueden contribuir a calmar los ánimos o bien atizarlos. Hay problemas de fondo: dificultades económicas, rezagos sociales y la falta de oportunidades para gente como Floyd, quien de haber cometido un delito, debió ser consignado ante un juez y no asfixiado bajo una rodilla que ahora está costando miles de millones de dólares y no solo eso: expone a muchos al contagio del coronavirus, que no distingue edad, sexo ni raza.