Si el presidente entrante quiere causar un impacto memorable de entrada deberá anunciar la tarde del 14 de enero próximo el inicio de una glosa de gastos y disposiciones de las entidades del Gobierno, priorizando aquellas en las cuales se han adjudicado contratos dudosos, ya sea por el monto, pertinencia o conexión con las empresas beneficiadas. No se tratará, como podrían argumentar algunos involucrados, de una cacería de brujas, pero sí de una oportunidad para comenzar una depuración del aparato público, necesaria, largamente relegada, pero reclamada por la ciudadanía.

La investigación contra dos gerentes del Instituto Nacional de Electrificación por presuntamente impulsar concursos dudosos y otras acciones que podrían llegar a ser objeto de sanción, constituye una reacción acertada de la directiva de la entidad, pese a que demoró mucho en llegar. Es de hacer notar que las primeras críticas fueron públicas y emitidas por el sector empresarial organizado desde hace cuatro meses. Las publicaciones efectuadas por Prensa Libre evidenciaron varias situaciones en las cuales priva la opacidad, pese a que se trata de un ente sujeto al escrutinio público.

La decisión en el Inde coincide con un fallo de la Corte de Constitucionalidad que revierte los extraños y repentinos relevos efectuados el 11 de septiembre último en la directiva de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, hecho consumado mediante un acuerdo gubernativo por el presidente Jimmy Morales, el cual desató reclamos, puesto que nunca se explicaron las causas de la remoción y, peor aún, los designados empezaron a tomar decisiones que no solo entrañaban potenciales conflictos de interés, sino que impactan directamente en el bolsillo de miles de usuarios.

Uno de los temas en los cuales el siguiente gobierno deberá asumir a ciegas los compromisos adquiridos por la administración anterior es el convenio migratorio con EE. UU., cuyos detalles siguen sin ser divulgados a la ciudadanía, a pesar que desde su firma han pasado 146 días —y contando—, lo cual no solo raya con la mala fe, sino también podría entrañar responsabilidades legales debido al secretismo con el cual fue negociado, signado y puesto en marcha sin consulta al Congreso, supuestamente porque no es necesario, pero ello no se puede establecer sin tener el texto a la vista. La petición hecha por Morales a Donald Trump de cierta cifra de visas de trabajo casi confirma que aún no hay un ofrecimiento seguro, a diferencia del presidente salvadoreño, que salió con un estatus de protección migratoria bajo el brazo.

Ejecución de carreteras, incluyendo el libramiento de Chimaltenango, proyectos en marcha, contratos de servicios y personal presupuestado o pactos colectivos lesivos deben pasar por un escrutinio del nuevo Ejecutivo, con el acompañamiento de la Contraloría General de Cuentas y del Ministerio Público. Las autoridades entrantes no pueden dar por buenas situaciones que no conocerán hasta estar en funciones.

La auditoría debe centrarse en hallar anomalías, sobrecostos y conflictos de interés, pero se debe evitar su instrumentalización a favor de otros intereses. Un ejemplo de esta suspicacia son las insistentes revisiones hechas por la Contraloría a las adquisiciones de medicinas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social efectuadas con la ayuda de Unops, las cuales han ahorrado millones a la institución, lo cual es un duro golpe a bandas de negociantes que otrora imponían precios, pero que buscan recuperar espacios en donde convertían la necesidad de la gente en un botín perverso.