La cotidianidad de la violencia se convierte a veces en una especie de pretexto perverso para intentar racionalizar sucesos trágicos a través de números, proporciones, índices que podrían marcar un descenso estadístico, mas no una erradicación de eventos que enlutan a familias, destrozan futuros y roban esperanzas que no son registradas nunca por las frías estadísticas sobre las cuales cada gobierno hace balances de los resultados de su gestión en seguridad.

La brutal escena de un individuo que dispara cobarde y alevosamente a la cabeza de un niño de 12 años que trabajaba como ayudante de un microbús en la zona 18 capitalina debería ser suficiente para que la sociedad en conjunto se levante para demandar un alto a la violencia delictiva, reclamar un trabajo policial más efectivo y organizar una campaña de búsqueda inmediata de tan deleznable personaje, cuyas facciones quedaron registradas por una cámara de tránsito. Pero no, el rumor urbano sigue su curso como si nada hubiera pasado, la vida en colonias y cabeceras bulle en total indiferencia y tan solo algunos comentarios en redes sociales condenan el suceso.

El menor se debate entre la vida y la muerte mientras su victimario aguarda, probablemente, la próxima ocasión para atacar a la sociedad, que parece totalmente inerme ante este tipo de tropelías que se acrecientan en forma de atracos, balaceras y ataques por extorsión en determinados momentos críticos. Estas oleadas violentas deberían ser objeto de disección criminológica, a fin de encontrar causas, patrones y medidas coercitivas que puedan prevenirlas o establecer protocolos de reacción a fin de detener a estas hordas de psicópatas.

Se conocen casos de asesinatos de tenderos, vendedores, comerciantes, madres y menores cada semana. No existen mensajes de condena, de rechazo, de indignación por parte de entidades que suelen emitirlos por otras causas. Ni la Presidencia de la República —saliente o entrante— ni el Congreso ni la Procuraduría de Derechos Humanos ni las iglesias del país ni los partidos políticos ni los sindicatos ni los organismos internacionales ni los grupos afines al oficialismo ni las organizaciones críticas al mismo han lanzado su voz de protesta, alguna convocatoria para repudiar la violencia, o tan siquiera un pronunciamiento para exigir la detención y procesamiento del “ombre” —sin h— que percutó un arma contra la cabeza de un niño indefenso que trabajaba en vacaciones para comprarse un par de tenis.

Guatemala necesita despertar una nueva capacidad de indignación que rompa la indiferencia y lleve a gritar por todas partes la condena pública contra todo atentado a la vida de los guatemaltecos, en cualquier parte del país. La tecnología ha posibilitado la exposición de actos criminales cometidos a plena luz del día, con total desfachatez y desprecio por la dignidad de la persona, la integridad de las familias y la existencia de las leyes. Sin embargo, no hay un reclamo unísono. ¿Es que acaso estamos dormidos? ¿Es que acaso la apatía, la indiferencia y la desunión se apoderaron de todo? La familia del niño ni siquiera se atreve a dar su nombre, por miedo. Y todo esto ocurre en abierto desafío a las autoridades de seguridad, las mismas que cercan plazas y edificios para que nadie importune a un mandatario, las mismas que podrían presentar iniciativas de ley para endurecer penas, las mismas que se desplazan a distintos puntos del país en medio de aparatosas caravanas blindadas y contrastan con la indefensión del ciudadano de a pie.