La suspensión de numerosas líneas de transporte urbano a causa de la pandemia abrió la puerta a una solución emergente que degeneró en un descontrol sobre el cual las municipalidades prácticamente han renunciado a ejercer su labor reguladora. Cientos de vehículos particulares livianos lucran con la prestación de servicio de transporte colectivo. A estos transportes no se les puede llamar taxis legalmente porque no tienen permiso ni supervisión para tal servicio y por lo tanto carecen de lineamientos de calidad y condiciones mínimas.

Taxi —del griego tasa— es una abreviación de taxímetro, término que integra también el significado “metro”, el cual denota medición y define al aparato que mide el costo de un viaje según el tiempo y distancia transcurridos. Existen, en efecto, líneas de taxis autorizados que tributan al fisco y están sujetos a controles de calidad, con este sistema de cobro o bien que pactan un monto con el potencial pasajero. En los transportes piratas existe una tarifa arbitraria, trayectos antojadizos, sobrecarga de vehículos, frecuentes imprudencias de los pilotos con afán de ganar otra vuelta, falta de mantenimiento de las unidades y, para colmo, el riesgo para los pasajeros de ser víctimas de atracos o abusos sexuales.

Las recientes y múltiples denuncias de estas fechorías, cometidas por lo regular contra mujeres, han encendido las alarmas de los riesgos acarreados por el descontrol sobre pilotos y automotores no autorizados. Los patrones de operación ya han sido detectados por investigadores policiales, pero no basta con capturar a uno o dos hechores, sino eliminar el riesgo. Para ello, la Policía Nacional Civil ha invitado a municipalidades a integrar mesas de decisión, pero estas han hecho caso omiso, como si no se tratara de su responsabilidad.

Es muy probable que las alcaldías estén rehuyendo el previsible descontento que conllevará toda regularización de prestadores de servicio de transporte, pero se trata de un deber ineludible, al menos si se precian de ser autoridades. Este proceso debe comenzar cuanto antes. El objetivo no es frenar el emprendimiento laboral ni quitar oportunidades de trabajo a quienes hoy prestan este servicio sin las formalidades legales, pero sí priorizar el bienestar de los usuarios por encima de un negocio que hoy por hoy implica un duro impacto a la economía familiar, por la arbitrariedad de precios. Es posible que se organicen protestas o bloqueos, para lo cual deben preverse medidas adecuadas y efectivas de reacción, como vetar la emisión de permiso a quien se oponga a la regulación del transporte.

Puntos en los cuales antes se estacionaban autobuses urbanos, hoy son enormes parqueos de vehículos cuyos auténticos propietarios o conductores no tienen identificación. Las líneas de taxis autorizados cuentan con un tarjetón, de renovación anual, para el cual es necesario un vehículo en buenas condiciones mecánicas, de tapicería, cinturones de seguridad, seguros y manijas de portezuelas. Cobrar por transportar personas en chatarra es un expolio y un atentado a la seguridad.

Ante la apatía de las comunas, la PNC analiza la posibilidad de recuperar el control de la autorización, revisión e identificación de taxis. Esta podría ser una medida adecuada que permita establecer la legitimidad de los vehículos y verificar si pertenecen a pandilleros o grupos delictivos que lavan dinero o transportan objetos ilícitos. Otra posibilidad es revitalizar y reorganizar las vías alimentadoras del transporte urbano, pero se requiere voluntad, inteligencia y menos acciones de maquillaje a los grandes problemas.