EDITORIAL

Vecinos pagan caro

Una de las mayores responsabilidades de un alcalde y su concejo, de las más trascendentales, valiosas, pero a la vez de las más descuidadas, es la planificación del crecimiento de las cabeceras y núcleos urbanos. Cuando esta función es relegada, comienzan a formarse barriadas en desorden, con calles angostas, sin aceras, sin drenajes, y no se hable de aprovisionamiento de agua. Este caos es lamentablemente común en pequeños pueblos que se expandieron de forma vegetativa, sin coordinación de autoridad competente.

Los planes de ordenamiento territorial, más conocidos por sus siglas, POT, han motivado controversias, disputas y no pocos conflictos, ya sea por intereses, mala comunicación o divorcio respecto de factores culturales y comunitarios. Pero esto no quiere decir que sean malos o dañinos, sino todo lo contrario, son la guía fundamental para delimitar zonas residenciales e industriales, crear corredores viales adecuados y visualizar la conservación de áreas forestales.

El problema más reciente a causa de un POT sin consensos ocurre en Quetzaltenango. Vecinos del Valle de Palajunoj han bloqueado el paso de camiones de basura debido a que no están de acuerdo con las nuevas tarifas de impuesto sobre inmuebles fijadas en dicho plan, por considerarlas excesivas y totalmente ajenas a su realidad. De hecho, la zona ha estado prácticamente desatendida por décadas y la aplicación del POT no representa mayor beneficio para ellos. Se trata de un problema municipal, y debe ser resuelto por la comuna. No obstante, el Ejecutivo intenta pasar como mediador, aunque no tengan la necesaria autoridad moral en materia de planificación o visión a largo plazo. Únicamente les interesa el posible rédito de decir que frenaron un conflicto. Sin embargo, es claro que la solución no es eliminar el POT o volver a postergar su aplicación, sino adaptarlo a la realidad de los habitantes, sin perder de vista el bien común.

Hay casos vergonzosos de pésimos manejos del territorio, como ocurrió en varios municipios de provincia, en donde alcaldes han vendido arriates y zonas verdes para convertirlas en locales de alquiler. Esto llevó a otros pobladores a poner cercas en donde antes había anchas aceras, es decir, a adueñarse del terreno público, por miedo a que les colocaran otras viviendas enfrente y sus calles pasaran a ser callejones.

Infortunadamente, no es la única localidad donde ocurren arbitrariedades y, a la vez, existen modelos exitosos de gestión del espacio urbano. A fin de cuentas, el objetivo de un POT es brindar calidad de vida a los vecinos, proveerles infraestructura adecuada y opciones de desplazamiento viables; no solo avenidas para vehículos, sino también ciclovías, rutas pedestres, integración de barrios alrededor de zonas forestales, conservación y aprovechamiento sostenible de recursos.

En las campañas electorales, ya próximas, los candidatos ediles suelen dedicarse a regalar láminas, a armar pachangas, a sortear electrodomésticos y prometen piezas sueltas, como agua, asfaltado, banquetas o pintar las bancas del parque, pero casi ninguno habla del rompecabezas real de la planificación.

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