Rápidamente afloran los yerros, los desequilibrios y las imprudencias de la apresurada aprobación del presupuesto para el 2021, mediante una truculenta declaratoria de urgencia nacional cuando aún quedaban 10 días para la debida discusión, reasignación y consenso público sobre el uso de los recursos fiscales, generados por todos los guatemaltecos.

Dejar Q947 millones sin destino específico para ser repartidos entre comités departamentales de Desarrollo solo sugiere la idea de una piñata a sabor y antojo de los diputados distritales que prestaron su voto en favor del adefesio aprobado con nocturnidad y premeditación la madrugada del 18 de noviembre de 2020: una fecha que marca otro penoso precedente de los despropósitos que puede alcanzar una gavilla de politiqueros cuando acceden a un cargo para el cual no eran éticamente aptos.

Otro indicador del mal cálculo y la yuxtaposición desordenada de cifras es la asignación de solo la mitad de los recursos solicitados por el Organismo Judicial, poder del Estado que manifestó ayer mismo su desacuerdo con lo votado por la alianza oficialista. No queda lejos pensar que el objetivo de tal tijereteo de fondos a la Justicia constituya una vía indirecta para minar el combate de la corrupción, la delincuencia y la impunidad.

La ausencia de un proyecto serio de recuperación económica, los síntomas de clientelismo y el desbocado endeudamiento de Q32 mil millones han cohesionado a sectores usualmente disímiles en una sola voz de rechazo a la forma tan poco profesional como se manejó la estrategia de ingresos y egresos del Estado para el próximo año. El mismo Ministerio de Finanzas marcó distancia de las enmiendas efectuadas por diputados, aunque deben reconocer que ellos mismos abogaron por el descomunal endeudamiento, por el cual cada guatemalteco pasará de deber Q11 mil a Q13 mil.

El objetivo de un presupuesto de Estado es asignar recursos a entidades y proyectos, así como especificar el origen del financiamiento, a fin de evitar los dispendios improductivos, dar continuidad a políticas estratégicas de desarrollo y evitar los impactos macroeconómicos colaterales. Un presupuesto serio es un instrumento de guía fiscal y una herramienta de transparencia administrativa. Un verdadero presupuesto no es un mecanismo para la validación de pactos subrepticios ni de imposición de intereses clientelistas. No se puede llamar consenso a un arreglo hecho a espaldas de la ciudadanía.

Explicaciones ofrecidas ayer por el presidente del Congreso resultaron insuficientes. Es inverosímil su versión acerca de que llevaban semanas de discusión, pues las sesiones de la Comisión de Finanzas se efectuaron a puerta cerrada. Lo mismo vale decir de la maratónica sesión, que justificó aduciendo que se debía a la urgencia de congresistas por acudir a comunidades afectadas por las lluvias. Las explicaciones sobran frente a los hechos y la realidad es que al Congreso y al Ejecutivo les están lloviendo vituperios.

El presidente Alejandro Giammattei tiene en sus manos la decisión de vetar el presupuesto y sostener una ágil discusión multisectorial sobre prioridades nacionales y posibles rubros de austeridad, a fin de reducir el gasto y la pretensión de endeudamiento. Quedan 10 días pero, en todo caso, los diputados ya han demostrado que saben pasar la noche en vela.