Ante la perspectiva de más de un millón de empleos perdidos para final de año, se hace inminente el momento de establecer un diálogo público sobre los indicadores, las áreas y las condiciones que harán posible el retorno de determinadas actividades productivas. Sin caer en la irresponsable actitud de quienes demandan una eliminación total de las restricciones sanitarias en medio de la creciente cifra de casos confirmados de covid-19, sí se deben abordar las estrategias para contener los indicadores de desempleo.

Ayer se divulgó que se había sobrepasado la cifra de mil casos confirmados en un solo día. Los hospitales del país se encuentran saturados, sin capacidad para recibir a nuevos enfermos. El obispo de Escuintla difundió ayer una carta en la cual solicita a las autoridades la inmediata conclusión y puesta en funcionamiento del hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, cuyas obras han sido publicitadas por el Gobierno pero con cada día que pasa tienen una presa mayor de pacientes. Además, el prelado se refiere al creciente problema de las familias cuyos padres se han quedado sin trabajo. Muchos no reciben asistencia gubernamental y no pueden quedarse en sus casas —como lo indican los protocolos—, pues deben salir a buscar un improbable trabajo, a vender productos o incluso a mendigar.

En varios países se han emprendido aperturas parciales de determinadas actividades, bajo medidas de distanciamiento, protección y controles de aforo de locales de todo tipo, desde restaurantes hasta museos. En algunos casos se han producido repuntes de propagación, pero no por haber retomado labores en sí, sino porque el ansia por volver a la normalidad previa conlleva a menudo un exceso de confianza.

Precisamente al descartar un cierre total del país —un bulo que se difundió por redes sociales—, la ministra de Salud señaló, hace una semana, algo muy importante: el coronavirus vino para quedarse por un largo tiempo y es necesario un esfuerzo nacional para frenar el contagio y atender mejor a los pacientes.

El diálogo público sobre las propuestas, cronogramas y requisitos de reactivación debe comenzar en coordinación con las carteras de Salud, Trabajo y Economía, para afinar los reglamentos que regirán la rutina laboral, los incentivos económicos o fiscales que tendrán las empresas pequeñas y medianas, así como la readecuación del gasto estatal para enfocar de manera creativa, pertinente y responsable la inversión pública.

Si esta pandemia vino a crear condiciones similares a las de una guerra, de una depresión económica o ambas a la vez, el Ejecutivo debe prever medidas que fomenten el empleo y a la vez representen un avance para el país. A su vez, el Congreso de la República debe impulsar las leyes necesarias para modernizar la economía, facilitar las alianzas público-privadas, fomentar la transparencia y limpiar al Estado de pactos lesivos. En el planteamiento de este gran acuerdo nacional para levantar el horizonte económico resultan estratégicos los rubros de beneficio poblacional. La inversión en infraestructura, el apoyo a los emprendimientos, sobre todo en provincia; la apuesta por la educación digital y, por supuesto, la mejora sustancial del sistema de Salud podrían ser los pilares de esta reconversión de la estrategia de país, incluso en tiempos convencionales; por lo tanto, se imponen como vías de beneficio público y generación de plazas productivas en una coyuntura desafiante que no admite pérdidas de tiempo.