Editorial
Vieja inercia, inoperante ante violencia homicida
A tres semanas del relevo en la Fiscalía General, habrá mucho qué corregir, reorganizar y depurar para devolver la funcionalidad de este ente clave.
Las estadísticas de homicidios hasta marzo proseguían con la inercia de altibajos prevaleciente desde 2021. Pero el 9 de abril último dejó una marca preocupante. En esa fecha se registraron 17 homicidios en un solo día. Coincidió con un fuerte despliegue policial en la Ciudad Universitaria, durante la cuestionada reelección de rector. Oficialmente fue prevención, pero para muchos fue un desperdicio de recursos. Y vaya si no despierta suspicacias la coincidencia del operativo y la criminal cauda mortal.
Las cifras más recientes del Observatorio de la Violencia de Diálogos, divulgadas el lunes último, confirman el ciclo vicioso desde 2021. En marzo ocurrieron 237 homicidios, y en el primer trimestre del año fueron 615. En efecto, la tasa interanual bajó 3.8%, pero ante sucesos como la masacre en una cevichería de la zona 6, el lunes 20 de abril, que dejó siete fallecidos y dos heridos, incluyendo un niño de 5 años, no basta con la inercia, al menos si se quieren atajar repuntes futuros.
El Ejecutivo prolongó el estado de prevención en cinco departamentos —Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango—; la estrategia de estados de excepción se ha sucedido desde enero, tras motines carcelarios y ataques contra policías. Pero su eficacia empieza a ponerse en duda. Luego del ataque del lunes se instalaron más retenes y se desplegaron vehículos artillados: algo bastante efectista, pero que se ha vuelto predecible. Si lo excepcional se normaliza, pierde capacidad disuasiva y los criminales se adaptan. Pandillas y bandas criminales no temen a los decretos. Temen, sí, a costos reales: detenciones, identificación de redes de cómplices, procesamiento eficiente y las condenas severas, prontas y cumplidas. He ahí el desafío.
La PNC puede capturar, pero si el Ministerio Público no logra sostener una acusación sólida, las posibilidades de justicia se reducen. A tres semanas del relevo en la Fiscalía General, habrá mucho qué corregir, reorganizar y depurar para devolver la funcionalidad de este ente clave. Y lo mismo aplica para el Organismo Judicial, en donde muchos casos se entrampan. Sin embargo, contrasta con la celeridad para liberar a asaltantes detenidos. La percepción ciudadana —de que un delincuente sale más rápido de lo que entra— no es solo una queja, es un indicador de ineficiencia estructural que la vieja inercia no ha logrado cambiar. Varios procesos judiciales que dan más vergüenza que esperanza, varados en ciertas instancias.
No se pueden esperar resultados diferentes si se siguen repitiendo las mismas prácticas. Primero se debe empezar a privilegiar la inteligencia por encima del despliegue vistoso: más eficacia silente que propaganda. Por ejemplo, los retenes son fácilmente eludibles, máxime en zonas rojas, donde los delincuentes tienen ojos y oídos. Segundo: es necesario seguir los datos para intervenir, no solo aquellos de balaceras o muertes, sino, sobre todo, las rutas del dinero, las alertas de lavado y los tramos del trasiego.
Los municipios de alta incidencia deben ser apoyados con atención integral del Ejecutivo, fiscalías y el OJ. Si alguno falta, todo falta. Tercero: fortalecimiento de la investigación criminal, porque sin evidencia sólida no hay caso que se sostenga. Esto implica invertir en capacidades forenses, cadena de custodia, análisis de datos y formación de fiscales medidos por eficacia de condenas, no por acusaciones infundadas. Cuarto: proseguir la toma de control de los centros penitenciarios. Ninguno es fácil, pero si no se comienza ahora ¿cuándo?