Estados Unidos
EDITORIAL
Viejas y nuevas figuras marcan definición de CC
Ayer, el presidente de la República reveló el calendario de convocatoria de aspirantes para designar su respectivo titular y suplente ante el próximo máximo tribunal.
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La más reciente lavada de manos de algunos magistrados de la actual Corte de Constitucionalidad, nombrada en el apogeo de un oficialismo hoy desarticulado, cuyos desfases y ambiciosos alcances no se concretaron, exhibe de cuerpo completo, o al menos de medio cuerpo, el pavor que le tienen ciertos grupos a la democracia participativa. La promueven y la impulsan hasta que, a causa de sus propios despropósitos, ya no les resulta favorable. Es así como, en una jugada opaca, una sala común y corriente —sobre todo corriente— bloqueó la participación a cierto sector de agremiados del Colegio de Abogados, en la votación para definir a los dos magistrados designados por tan adusto foro.
La jugarreta, delatada por tardía —y, por ende, desesperada—, se confirmó con la abstención de una CC que se ha metido en cuanto asunto ha podido y querido. Pero esta vez no quiso, con todo y el conflicto de intereses de uno de sus titulares que participa en el proceso. En todo caso, no se repetirá el juego a bases llenas como sucedió en el 2021, cuando se alinearon los peones sobre el tablero de un ajedrez inusitado.
Aunque la Universidad de San Carlos y su consejo inferior —no puede ser Superior, cuando una veintena de sus integrantes tiene vencido el plazo legítimo de representación— siga con su aviesa convocatoria para presentar perfiles de aspirantes a titular y suplente, ya no soplan los vientos con tanta fuerza en favor de las velas del cuestionado rector Walter Mazariegos. Es una lamentable forma de cumplir tres siglos y medio la máxima institución de estudios superiores. De nuevo, la CC actual se queda muda y cómplice, a pesar del desacato reiterado a sus propias órdenes de elegir representantes que completen el CSU, hoy tácitamente desintegrado mediante amaños.
Ayer, el presidente de la República reveló el calendario de convocatoria de aspirantes para designar su respectivo titular y suplente ante el próximo máximo tribunal. Este cronograma finaliza en marzo, muy cerca del relevo y muy lejos de la confluencia del 2021, cuando el oficialismo podía presumir de tener nexos con todos los nominadores, incluyendo a la anterior Corte Suprema de Justicia, que estaba en tiempo extra debido al bloqueo legislativo a la elección de sustitutos.
Al momento de la redacción de este texto se lleva a cabo el conteo para definir a los próximos representantes del Colegio de Abogados, en un proceso que ha tenido bastantes opciones, como ocurrió en el 2021, cuando un súbito caso, sospechosamente oportuno, emprendido por el Ministerio Público, dejó sin poder participar a uno de los dos finalistas en segunda vuelta. Es llamativo y anecdótico cómo en aquel momento fue una entidad del sector justicia la que hizo el movimiento de tablero, y en este año fue una sala el alfil para dejar fuera de participación a las carreras afines.
En el Congreso de la República puede pasar de todo, y los alineamientos para apoyar a uno u otro perfil, entre los aspirantes, resultan impredecibles. Y es que, en cierta forma, así debe ser la democracia: un juego de pesos y contrapesos que obligue al Legislativo. Algo similar está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia, en la cual existen ciertos nombres desgastados que intentan colarse, amén de nexos y tráficos de favores, en la siguiente CC. El presidente interino de la CSJ está dirigiendo la postuladora para el siguiente jefe del Ministerio Público, y así debería quedarse. Si los 13 magistrados fueron incapaces de ponerse de acuerdo e incluso pasaron semanas sin nominaciones, ¿para qué van a acelerar ahora? Sería confirmar la gazuza.
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