Si a un ciudadano con sentido práctico se le preguntara sobre la conveniencia de mantener buenas relaciones diplomáticas con un país que se encuentra entre las 33 economías más grandes del mundo, que está catalogado a nivel global en el puesto 12 de mejor clima de negocios, que posee un ingreso per cápita de US$53 mil 443 al año —el de Guatemala es, según cifras oficiales, de US$4,466— y que además aporta cooperación por US$116 millones entre 2016 y 2020 para programas de fortalecimiento de la democracia y la justicia en el país, lo más probable sería una respuesta anuente a conservar tal amistad.

El gobierno saliente hizo exactamente lo contrario, al anunciar el cierre de la embajada guatemalteca en Suecia, como una pueril represalia al apoyo brindado por esa nación a la hoy ya finalizada Cicig y por la continuidad del embajador de ese país en Guatemala, Anders Kompass, cuya asertividad se convirtió en una piedra en el zapato oficialista. Lo más contradictorio es que la Cancillería intenta disfrazar la medida unilateral con el argumento de una supuesta reorganización de prioridades del servicio exterior para buscar ampliar relaciones comerciales y de cooperación, cuando en realidad también golpea a Noruega, Dinamarca y Finlandia, por ser una sede concurrente.

A todas luces se trata de una decisión furibunda, pero sobre todo dañosa para la reputación del servicio exterior guatemalteco, que apostó todas sus cartas a congraciarse con la administración de Donald Trump, para impulsar determinados propósitos de su conveniencia, entre los cuales no se encuentra, por ningún lado, la defensa digna, constante y certera de la comunidad migrante guatemalteca en Estados Unidos, que está a su suerte, sin amparo, ante las duras medidas impulsadas por el mandatario estadounidense, tal como lo han relatado de viva voz connacionales sometidos a encierro y desempleo luego de las redadas recientes.

Por alguna razón no fue la canciller Sandra Jovel la designada, sino el ministro de Gobernación, para negociar el acuerdo de tercer país seguro, un plan cuyos detalles permanecen en total secretismo, incluso para el nuevo gobierno electo, pese a que serán impactados directamente. Pero fue Jovel quien efectuó en junio una visita a los centros de detención de migrantes en Texas, fuertemente criticados por las precarias condiciones en que permanecían adultos y menores, sobre quienes dijo con displicencia que recibían un “buen trato”.

Queda claro que el anunciado cierre de la sede diplomática obedece a una vindicta visceral y no a razones prácticas, sobre todo si se toma en cuenta que la comunidad guatemalteca radicada en Suecia expresó en 2018 su rechazo al hostigamiento hacia el embajador Kompass y por ello serán castigados al trasladarse la atención consular a la embajada de Alemania, a 900 kilómetros, mar de por medio.

Curiosamente, el mismo Trump rectifica su ruta diplomática y nombró como embajadora ante la ONU a Kelly Craft, quien arrancó ayer su gestión con un discurso conciliador y palabras de respeto al secretario general António Gutérres, una actitud diametralmente opuesta a su predecesora, la reaccionaria Nikki Haley. Guatemala también habrá de rectificar su rumbo diplomático, lo cual no solo implica revertir el cierre de la embajada, sino depurar al personal de la Cancillería, que actualmente está plagada de allegados, arribistas o parientes sin experiencia, capacidad ni mérito en tan delicado campo.