Ya se oyen voces destempladas que se han casado varias veces con la cantaleta de la pena de muerte como sobado recurso publicitario electorero que venden como solución a la violencia. Y son las mismas voces que guardan silencio o se pliegan a dañosos acomodamientos que sí lastran la aplicación eficaz de justicia, tal como la absurda prolongación de funciones de una Corte Suprema de Justicia que ya lleva más de la mitad del período de su sucesora aún no electa por un Congreso donde también hay corifeos de la opción letal, cuando en realidad la letalidad está en los pactos y las aplanadoras.

El incremento de la criminalidad ha sido paulatino, incesante y mortal. Cientos de guatemaltecos han sido asesinados en tiendas, camiones repartidores, panaderías, taxis, canchas deportivas o en despoblado. Pocas capturas y la misma escenificación de auxiliares colocando llamativos números amarillos sobre los cascabillos percutados. La innovación es poca y se puede deducir de los resultados presentados. Cualquier discurso nacionalista queda superado por los lamentos de viudas, huérfanos y familias enlutadas.

Las cifras de violencia presentaban un notorio descenso hasta el 2018, gracias a la modernización de estructura y operatividad policial que fue decapitada por un ministro prepotente que lo justificó como una “oxigenación”. Más bien fue una asfixia de las reformas para dar paso a más de lo mismo. Prueba de ello es el desborde actual de ataques armados, extorsiones desde las cárceles, exhibición impune de armas de grueso calibre en las calles de la provincia y la proliferación de retenes policiales sospechosos y sin el mínimo de agentes, en rincones oscuros al estilo de los que se instalaban en la década de 1980.

Hoy se publica un nuevo reportaje de una serie con el acápite “La violencia no es normal”, el cual reclama atención profesional, eficiente y permanente contra todo tipo de agresiones, atracos e intimidaciones cometidos por individuos, bandas criminales y pandillas. No es normal que en cada campaña electoral reaparezca el mismo tema, como una baza encandilante, cuya reincidencia casi podría parecer inducida, acicateada o, cuando menos, tolerada para crear un distractor perverso respecto de otros asuntos vitales para el desarrollo de las familias, las comunidades y el país.

Es de hacer notar la poca comparecencia pública de las autoridades de Gobernación, especialmente del ministro David Napoleón Barrientos quien desde que asumió el cargo, en enero último, no ha dado mayor muestra de innovación en las estrategias a seguir. Si bien no todos los procesos dependen de su persona, es la cara visible de la dependencia que encabeza y su gestión debería alejarse de los yerros de su antecesor cuya eficiencia se limitó a ordenar represivos cercos policiales alrededor del Congreso.

El combate a la violencia no solo es cuestión de lucir patrullas con luces que centellean en áreas rojas ni de detener a unos cuantos facinerosos que al rato ya están fuera por falta de pruebas. Se necesita fortalecer la investigación científica del Ministerio Público, así como los procesos judiciales. Se requieren leyes actualizadas, pero no por un combo de fanáticos, sino asesoradas y consensuadas por juristas respetables. Se necesita de una Corte Suprema de Justicia con nueva visión y, sobre todo, de una política en verdad preventiva, que promueva el deporte, el arte, el desarrollo comunitario y la cultura de resolución pacífica de conflictos. Todo lo demás son ofrecimientos oportunistas, repetidos, de politiquero barato.