Aunque todavía los reportes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses no están disponibles para el público, la Policía Nacional Civil (PNC) reportaba con bombos y platillos que el jueves 19 de mayo último había sido un día sin reporte de muertes violentas. En caso de ser cierto, el siguiente paso sería identificar las posibles causas de tal ausencia de decesos por hechos criminales, lo cual podría considerarse una fecha afortunada y un alentador comienzo de una etapa más segura para la ciudadanía, si no fuera porque apenas un día después se registraron ataques mortales a plena luz del día y sin que se observara una acción policial extraordinaria en su persecución y mucho menos en su evitación.

La violencia es multifactorial y en ella intervienen afanes delictivos, emociones descontroladas, ingesta de alcohol o drogas, irrespeto a la ley e incluso la percepción de impunidad. Esta última es muy relevante, porque de alguna manera se convierte en un detonante de actos cada vez más crueles y desfachatados. El dato estadístico es pasmoso: cada cinco días se encuentra en la vía pública el cadáver de una persona, casi siempre ultimada con arma de fuego y a veces con señales de tortura.

Si en efecto existen planes de seguridad coordinados y modernos, como los que suelen promocionarse en cada gobierno, resulta necesario preguntarse cómo se logra trasladar un cuerpo hasta determinado punto, sin que la PNC logre detener al menos a un conductor infraganti a pesar de tantos retenes antojadizos. Y segundo, por qué en ninguno de estos casos se ha podido detectar el momento, a través de cámaras o las de las propias autopatrullas, en que los hechores lanzan los restos de una persona a la calle.

La serie “La violencia no es normal”, publicada en las plataformas de Prensa Libre, tiene como objetivo primordial resaltar el deterioro de la seguridad pública, sobre todo a partir del 2018. Las mejoras que se habían implementado quedaron estancadas. En el actual mandato el retroceso ha sido notorio, pese a las credenciales de seguridad que enarboló el presidente Alejandro Giammattei en sus primeras campañas.

A nivel ciudadano es preciso recuperar la conciencia de que las muertes violentas no pueden ni deben ser asumidas como parte de una rutina tercermundista ni como un mal inevitable. La violencia no se puede ni debe normalizar y mucho menos justificar con suposiciones. Algo similar cabe decir de las desapariciones reportadas de menores y mujeres, que a veces son objeto de críticas o estereotipos. Las alertas Alba-Keneth e Isabel-Claudina han sido de utilidad en numerosas ocasiones, pero continúan las historias que terminan con el hallazgo de restos en barrancos, vertederos o aceras, y se repiten con frecuencia las afirmaciones infundadas sobre presuntos vínculos o procedencia de los occisos.

Grandes esfuerzos se efectuaron hace un lustro para reducir la estigmatización de personas, sobre todo jóvenes, por las zonas en que viven, en especial aquellas denominadas “rojas”. Limitación de oportunidades de empleo o de ascenso a puestos de confianza ocurrieron a causa de tal asociación prejuiciosa, lo cual a su vez cercena futuros y genera nuevos descontentos. Una de las mejores vías para combatir la violencia y erradicarla es generar espacios de convivencia, recreación y realización personal, así como potenciar los talentos de jóvenes a quienes por situaciones ajenas a su voluntad les tocó crecer en un barrio “difícil”.