Cuando falta poco menos de un mes para que se cumpla un año de la gestión de Gendry Reyes al frente del Ministerio de Gobernación, es notorio y por demás preocupante el incremento de hechos violentos. Hasta el momento van 3,195 guatemaltecos muertos por violencia y contando. Entre septiembre y octubre, la cantidad de víctimas de ataques armados es notoriamente mayor, lo cual debería ser motivo prioritario de preocupación. Sin embargo, las acciones impulsadas por dicha cartera y la Policía Nacional Civil carecen de innovación alguna. Por el contrario, existen retrocesos claros, como la multiplicación de retenes policiales ochenteros, montados sin la metodología establecida, con solo uno o dos agentes, una táctica de dudosa efectividad ante una eventual agresión delictiva y un catalizador de discrecionalidades.

Los logros en la reducción de violencia que alcanzaron su mejor momento en 2018 se diluyen lentamente. Queda claro que fue el exministro Enrique Degenhart quien comenzó este declive al decapitar la exitosa cúpula policial que le quedaba grande al gobierno de Jimmy Morales. La supuesta “oxigenación” que arguyó como razón para aquel sabotaje fue en realidad el envenenamiento del proceso de reforma policial. La historia es el mejor juez de las acciones, y en este caso no pasaron más de 4 años para observar las nefastas consecuencias.

A causa del estado de Sitio decretado en El Estor, Izabal, se desarrollan operativos con cientos de policías en contra de unos cuantos revoltosos, con el aval del Congreso y cuya pertinencia y oficiosidad aún causan polémica. La pregunta es: ¿por qué no se pone en práctica un estado de Sitio permanente en las cárceles del país, en las cuales continúa el trasiego de armas, drogas y personas, y órdenes de muerte?

Tan solo en el 2020 se efectuaron 220 requisas en las prisiones. Reportar tal cifra es una vergüenza gubernamental, por sus obvias implicaciones de corrupción penitenciaria. La cantidad de registros no ha sido menor este año. Una y otra vez se encuentran los mismos indicios de prácticas extorsivas, teléfonos celulares, terminales y antenas de internet, listas de objetivos de exacción, además de toda una serie de electrodomésticos y aparatos de entretenimiento que más parecen propios de un centro vacacional que de uno de privación de libertad. Allí no hay valor para imponer excepción, sitio o toque de queda. Lo más curioso es que esta inercia carcelaria ocurre durante el gobierno de quien alguna vez fue director del Sistema Penitenciario, quien en su momento, hace tres lustros, aseguró que su objetivo era transformarlo.

Por si fuera poco, se ha detectado en las últimas semanas el involucramiento de agentes policiales en posible trata de migrantes, hecho que el Ministerio Público investiga. Se anunció recientemente que varios efectivos habían sido dados de baja de la institución por transgredir sus reglamentos. Sin embargo, nunca se declaró cuáles fueron esas causales y si acaso eran constitutivas de delito, pues no se reportan procesos penales. Finalmente, cabe aventurarse a advertir de que ojalá y estos descuidos o deterioros en la seguridad civil no formen parte de la preparación de un perverso caldo de cultivo, adecuado para el surgimiento de discursos electoreros que vuelvan a invocar la mano dura, la pena de muerte y otras medidas que son más propaganda que acción. Se necesitan policías con los cursos completos, dirigidos por oficiales de alto rendimiento, con capacidad operativa y sentido de servicio, respaldados por un gobierno despegado de cualquier mala junta legislativa.