La confluencia de factores llega a un punto crítico: el país ronda los 25 mil casos activos de covid-19, mil 200 muertos y la recuperación de 4,321 personas que han sobrevivido una dura prueba y pueden ahora llegar a convertirse, si aprueban los requisitos, en donantes de plasma para el tratamiento de otros pacientes que aún luchan por su vida. La batalla es intensa en el frente hospitalario, en donde médicos y personal de enfermería arriesgan la vida en favor del prójimo, con una valentía y entrega que merece contar con el equipo de protección necesario y los insumos, como oxígeno y fármacos para operar sin obstáculos.

Guatemala lleva ya un cuatrimestre bajo la pandemia y para muchos la sensación es mucho mayor, debido a las restricciones, las limitaciones y los cambios de rutina que perdurarán en el retorno a la actividad económica plena. Sin caer en la imprudencia del negacionismo y siempre con el valor de la vida como principio fundamental, es necesario señalar que en muchos hogares se libra otra batalla, sigilosa, por la sobrevivencia económica, a causa de la pérdida de empleo, recortes salariales, cierre de negocios y reducción del mercado de trabajo para varias profesiones y oficios.

A cuatro meses luz, las dificultades macroeconómicas son innegables y urge trazar una hoja de ruta que integre seriamente la prevención y la reactivación, los protocolos sanitarios y la recuperación productiva. El Gobierno esbozó un sistema de semáforo epidemiológico para circunscripciones municipales según la cifra de casos confirmados, a fin de levantar o restituir prohibiciones mediante un contador nacional digital, según las explicaciones ofrecidas por el presidente Giammattei al momento de anunciar la prolongación de restricciones de circulación hasta el 27 de julio.

Si bien se fija tal fecha como punto de inicio, no existen cuantificaciones gubernamentales concretas sobre el costo de oportunidad que suman esas otras dos semanas ni se toma en cuenta la posibilidad de que algunos rubros de actividad puedan empezar a preparar operaciones; bajo rigurosos protocolos, claro.

El color rojo del semáforo epidemiológico está encendido para los departamentos que concentran hasta 65% de la producción industrial y comercial; la espera, tal como se plantea, no parece cercana, y esto entraña un riesgo para el propio Estado, que ya de por sí ha perdido ingresos fiscales a causa de la inactividad de tantas empresas formales tributantes, muchas de las cuales ya han cerrado definitivamente, están por hacerlo o bien se aprestan a despedir más empleados, en una espiral de impacto social que solo complicaría la misma salubridad, pues más personas estarían sin recursos para llevar tratamiento ambulatorio, más personas estarían en la calle en busca de trabajo y aumentaría la presión sobre los programas de asistencia social del Gobierno, los cuales se sufragan con recursos públicos o con préstamos pagados con recursos públicos, valga la redundancia.

Es vital la configuración de un equipo de trabajo con participación estatal y empresarial, con la participación de académicos sociales, economistas, expertos en prospectiva y representantes de países amigos como Francia, Reino Unido o Italia, que con todo y las vicisitudes vividas a merced de la pandemia han logrado conducirse en una senda de recuperación y retorno a la actividad, no sin numerosos y lamentables decesos, pero a la vez sin perder de vista la necesidad de mantener a flote sus aparatos productivos para poder garantizar el imprescindible sostenimiento de sus sistemas de salubridad y gobernabilidad.