Según cifras del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, basados en el censo de población del 2018, actualmente hay alrededor de 1.4 millones de guatemaltecos con algún tipo de discapacidad: auditiva, visual, cognitiva, pérdida de alguna extremidad, dificultad para caminar. Dicha privación puede deberse a factores congénitos, a secuelas de algún padecimiento o de algún accidente vial, laboral o incluso casero.

Siguiendo la cifra aproximada, pues no existe un registro nacional que certifique oficialmente la tipología y grado de discapacidad, la misma equivale a llenar 56 veces el estadio nacional con 25 mil personas. O 1.4 millones equivaldría a una fila de personas, separadas por un metro de distancia entre sí, desde la capital hasta la Ciudad de México. Tales analogías se proponen para dimensionar la magnitud de una cifra que reúne realidades personales complicadas que se enfrentan a insuficientes esfuerzos de integración social, laboral y educativa, así como la persistencia de barreras urbanas.

Las condiciones de pobreza y falta de oportunidades se complican para las personas guatemaltecas con discapacidad; cerca de 485 mil tienen baja o ninguna escolaridad, una carencia que el Estado debería combatir con más ahínco, pues el potencial se encuentra allí. Vale la pena resaltar también que unos 92 mil guatemaltecos con alguna discapacidad tienen título universitario: de licenciatura —80 mil—, maestría —11 mil 600— o doctorado —mil 100—, un logro que tiene doble dificultad y doble mérito.

La discapacidad visual, entendida como extrema dificultad para ver con gafas o ceguera total, es la mayoritaria, con unas 947 mil personas afectadas. También hay más de 400 mil guatemaltecos que no pueden caminar o subir escaleras, 361 mil con deficiencia o privación auditiva. Si las cifras aparentemente no coinciden es porque a menudo una misma persona afronta varias limitaciones simultáneas. En cada campaña electoral surgen ofrecimientos politiqueros, que buscan el favor de este sector poblacional, pero que a la larga reciben muy poco de sucesivos gobiernos.

Las familias son quienes más ayudan y apoyan en primer lugar la superación de un integrante con capacidades diferentes; luego, vienen las iniciativas benéficas, a través de fundaciones o entidades no lucrativas, que sostienen programas educativos, de capacitación técnica y de integración laboral en busca de una mayor autonomía para la vida digna. También son loables los programas de empresas privadas que suman talento humano con ceguera, sordera y otras condiciones.

Actualmente existen más edificios, públicos y privados, que se construyen bajo consideraciones amigables de acceso, pero todavía existen peligrosas barreras, como la instalación de postes a media acera, tragantes o contadores sin tapaderas o rótulos a baja altura, cuya erradicación depende de las municipalidades. En todo caso, ocasiones como hoy, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, son propicias para exaltar la dignidad de este sector de la población cuya vulnerabilidad no le resta un ápice a su potencial de aporte y cuya voluntad de superación es siempre admirable.