X legislatura quiere salir más cara de lo que vale
Muchos de los diputados ni siquiera tienen un título profesional, salieron de la nada y les cayó el loteriazo gracias a la falta de reformas en la integración de listados nacionales y distritales de candidatos.
Si algo queda claro en el primer año de la décima legislatura es que hasta los mismos partidos y caudillismos políticos quedan reducidos al mismo relativismo que practican. Los principios ideológicos son fantasías ociosas, y los discursos de campaña, simples carnavales con cascarones usados y reciclados. Los personajes que hace un año y meses vociferaban programas hipotéticos, visiones de largo plazo y que usaban atuendos de colores simbólicos —incluidas indumentarias tradicionales indígenas, según la ocasión— están ausentes del diálogo nacional y divorciados del actuar de sus “bancadas”.
El 2024 legislativo dejó varias leyes largamente esperadas, como la de autoridad nacional portuaria, la Ley de Infraestructura Vial, las leyes de trasplantes y de tratamiento del cáncer o la norma de Competencia. En portales oficiales del Congreso se habla de 36 decretos como una cifra pasmosa; sin embargo, meten en ese mismo costal simples reformas que no necesariamente conllevan todo el desarrollo de una ley y que, más bien, pretenden congraciarse con cierto grupo para disimular las carencias de desempeño. Un ejemplo está en las reformas a la Ley de Tránsito, para facilitar la funcionalidad de documentos electrónicos y restringir la posibilidad de multas de policías municipales. Se necesita una ley nueva, integral, actualizada, que mejore las sanciones personales contra pilotos infractores.
Algunos de los decretos aprobados imponen más carga sobre el erario, ya de por sí inmovilizado por excesiva burocracia y poca disponibilidad para la inversión en el desarrollo. La reforma a la Ley de Clases Pasivas del Estado aumenta pensiones y puede ser hasta un botín político dentro de tres años, pero su costo, que se incrementará paulatinamente, recae en los mismos tributantes.
Pero quizá el ejemplo más claro de talante convenenciero está en la inclusión de bolsones de gasto en el Presupuesto 2025. A pesar de la repetida incapacidad de ejecución de los Comités Departamentales de Desarrollo (Codedes), que no alcanzó a ejecutar los fondos de 2024, los diputados decidieron otorgarles el perverso incentivo de trasladar los fondos sin usar al siguiente año. Es así como se creó un bolsón de Q7 mil millones, cuya utilización puede tener la injerencia y el interés de legisladores distritales. Si esto fuera parte de un gran plan de desarrollo de largo plazo, auditable y transparente, quizá despertaría alguna esperanza. Lamentablemente, los clientelismos prevalecientes hacen palidecer esa posibilidad. Tal botín figura, de hecho, como uno de los recursos de inconstitucionalidad planteados contra el plan de gasto, que adolece de otros aspectos antitécnicos.
Por si fuera poco, en la madrugada de aquella atropellada aprobación, un combo de 87 congresistas aprobó una moción para recetarse un aumento de sueldo. Adujeron que, por ser representantes de la ciudadanía, tienen la calidad de una magistratura y ese es todo su argumento. Muchos de los diputados ni siquiera tienen un título profesional, salieron de la nada y les cayó el loteriazo gracias a la falta de reformas en la integración de listados nacionales y distritales de candidatos. Tal afrenta a la ciudadanía está pendiente de discusión: debe ser derogada por lesiva e improcedente.
A finales de 2024, como cierre del “productivo” año legislativo, surgió una propuesta de reformas electorales que eliminan controles de financiamiento de partidos, y se abren así las puertas de par en par a dineros sucios de mafias y corrupción. Con tal balance caótico, no hay mucho que presumir y sí mucho que enmendar en comisiones y plenos de 2025.