El Situado Constitucional “se refiere al porcentaje que el Organismo Ejecutivo incluye anualmente en el Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado para las Municipalidades del país”. El artículo 257 de la Constitución establece 10% del Presupuesto para las municipalidades, y manda que estas deberán dedicar por lo menos el 90% de estos fondos para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. Los criterios para la distribución a las municipalidades son los siguientes: 1) 30% distribuido proporcionalmente a la población total de cada municipio; 2) 35% distribuido en partes iguales a todas las municipalidades; 3) 25% distribuido proporcionalmente a los ingresos propios por cápita de cada municipio; 4) 10% distribuido directamente proporcional al número de aldeas y caseríos. Para 2017, el total asignado para el Situado Constitucional es de 3,051 millones de quetzales, que es bastante menos del 10% que manda la Constitución, ya que el Presupuesto 2017 aprobado por el Congreso contempla ingresos corrientes de Q62.3 mil millones e ingresos tributarios de Q57.9 mil millones.

A manera de ilustración, bajo la forma de cálculo, en 2017 le corresponden al Municipio de Guatemala Q87 millones; a Pachulum, Quiché, Q5.9 millones; y a Santa Catarina Palopó, Sololá, Q4.7 millones. Si se tomaran como base los ingresos corrientes en el presupuesto aprobado, el Situado Constitucional del 2017 sería cerca del doble.

¿Y si fuera al contrario? Me refiero a que el gobierno central se quedara con 10% de los impuestos recaudados y se repartiera el 90% entre las municipalidades, con la misma fórmula. Sería un modelo de gobernanza muy diferente al actual, con un gobierno central reducido a una mínima expresión y gobiernos municipales fuertes. Si este fuera el caso, tomando por correctas las cifras actuales de distribución, a las municipalidades les corresponderían Q27,459 millones y al gobierno central, Q3,051 millones. Sin duda, esta sería una Guatemala muy diferente. Las municipalidades tendrían mucho poder y el gobierno central, muy poco. El poder y los recursos estarían más cercanos a la población, con mayor capacidad de responder a sus necesidades; un vínculo menos remoto, más cercano entre mandantes y mandatarios. La ciudadanía tendría mayor incentivo para la participación cívica y el monitoreo y control del poder local. Si el poder es más centralizado, los beneficios se concentren y los costos se dispersen, mientras que la descentralización provoca una mejor correspondencia entre beneficios y costos.

Una variante a este modelo de descentralización sería que las propias municipalidades fueran las encargadas de recaudar impuestos en el municipio, fortaleciendo aún más el vínculo entre tributarios y mandatarios. Este esquema significaría prescindir de la SAT, ya que la municipalidad sería el ente recaudador, guardando para sí 90% de lo recaudado en el municipio y trasladando 10% al gobierno central.

Una tercera opción sería un modelo donde los concejos municipales del departamento eligieran al gobernador departamental, los impuestos recaudados se quedarían en el departamento, trasladando una porción mínima al gobierno central.

Arreglos de este tipo tendrían un impacto fuerte y profundo sobre las posibilidades de desarrollo del país, reduciendo la macrocefalia de la Capital. Admito que esta es especulación audaz, pero Guatemala está para medidas audaces. Cambios cosméticos y de poca monta no producirán los cambios que necesita el país.