Gusto, realmente, de leer los artículos de Alfred Kaltschmitt. Sobre todo, porque creo que, desde sus puntos de vista —como todo periodista de opinión— procura ser coherente y expresar un parecer auténtico. Por eso me extraña lo que publicó en su artículo del pasado martes, intitulado “La justicia simulada”.

Por un lado, con base en estudios dignos de crédito, Kaltschmitt nos comparte un hecho brutal, a saber: que la mayoría de las 11,400 personas sujetas a prisión preventiva, lo están ilegalmente. Es una cifra espeluznante en sí y de por sí, pero todavía peor si se añade esa circunstancia de la ilegalidad.

A continuación, Kaltschmitt afirma que esto es consecuencia de “un sistema arcaico, ineficiente, doblemente afectado por la paranoia Cicig, que contamina, aunque lo nieguen, a una gran cantidad de jueces que no están dispuestos a arriesgar sus carreras contradiciendo las ordenanzas de los fiscales de esa Comisión”.

Este argumento da a entender que “una gran cantidad de jueces” someten a prisión preventiva a esos miles de personas por la “paranoia Cicig”, que los ha contaminado.

Ignoro si haya estudios serios que puedan conducir a tal conclusión. Por el momento, quedando abierto a que se me demuestre lo contrario, creo poco probable que un juez actúe de la manera descrita en un caso en el que la Cicig no haya intervenido ni el procesado haya tenido que ver con los asuntos que la comisión investiga.

Es verdad que se han publicado noticias sobre casos en los que, haciéndose pasar por fiscales integrantes del equipo Feci-Cicig —o por intermediarios “enchufados”—, se ha extorsionado a algunas personas que guardaban prisión o que estaban o podían quedar sujetas a alguna investigación. Pero de ahí a que una parte significativa de esos miles de casos de prisión preventiva ilegal se deban a la “paranoia Cicig”, creo yo, hay mucha distancia.

Pero, como he dicho antes, carezco de estudios que puedan sustentar mis impresiones. Ahora bien, supongamos que me equivoco y, efectivamente en miles de casos en los que la Cicig no interviene, no obstante, muchos jueces reducen a prisión preventiva y mantienen ilegalmente en esa situación a los procesados, como dice Alfred, porque “no están dispuestos a arriesgar sus carreras contradiciendo las ordenanzas de los fiscales de esa Comisión”.

Esto sería, verdaderamente, indigno de un juez. La idea de que “una gran cantidad” de jueces sometan ilegalmente a miles de personas a prisión preventiva para no contradecir a los fiscales de la Cicig o para no “arriesgar sus carreras”, es aberrante. Sería la muerte de la justicia guatemalteca, no quedando más que una “apariencia de justicia”.

Pero en realidad, los jueces de este país no tienen “carreras” que arriesgar, en un sentido estricto de la palabra. Una “carrera judicial” supone que los aspirantes ingresen mediante concursos por oposición, con lo cual sus cualidades superiores quedan demostradas. Implica que, a lo largo de toda una vida profesional —no de cinco años y después “veremos”—, según se adquiere experiencia y se hacen méritos, se avanza y asciende por un escalafón claramente estructurado, hasta que culminada esa carrera con probidad, se pasa a retiro disfrutando de una pensión digna y acorde con la altísima investidura de juez. Esto es lo que debiera establecerse mediante una reforma constitucional y legal urgente.

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